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Las propuestas de Kast y Boric que tendrán implicancias sobre la minería

Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta por la carrera presidencial incluyen en sus programas de gobierno propuestas que tocan directa e indirectamente a la minería.

Con el 99,9% de las mesas escrutadas, correspondientes a 46.885 de un total de 46.887, la primera vuelta de las elecciones de Presidente de la República culminó con José Antonio Kast (Partido Republicano) liderando los resultados con un 27,91% de las preferencias, seguido por Gabriel Boric (Frente Amplio) con el 25,83% de los votos. De esta forma, entre ambos candidatos se dirimirá la segunda vuelta de los comicios presidenciales y quien presidirá el futuro Gobierno para el periodo 2022-2026.

En sus programas de gobierno, tanto Kast como Boric incluyen propuestas que tocan directa e indirectamente a la minería. Estos son los principales planteamientos que recogimos de sus cartas de navegación.

JOSÉ ANTONIO KAST

-Pilares claves de su plan económico: reducir el gasto público; crear un Estado moderno al servicio de las personas; disminuir impuestos; eliminar regulaciones que atentan contra la inversión y el empleo, incluyendo racionalizar las normas ambientales y las que afectan la creación de nuevas empresas y nuevos proyectos; potenciar la sociedad civil y disminuir barreras de entrada para pymes.

-Disminución del gasto fiscal por lo menos al nivel que permita la reducción de la tasa de impuesto a las empresas –de 27% a 17%– y el IVA –de 19% a 17%–, con miras a aumentar la inversión privada desde 19% hasta 28% del PIB. Con ello se pretende que Chile crezca a tasas de 5% a 7% anual.

-Iniciación de un capitalismo popular con las empresas del Estado, que convierta a los chilenos en dueños directos de su patrimonio. En esto se incluye a: Codelco, Enami, Enap, Ferrocarriles del Estado, TVN. Las empresas del Estado deberán emitir acciones que podrán ser adquiridas por todos los ciudadanos mayores de edad, con límites en la adquisición individual. Las acciones se entregarán con cargo a futuros dividendos.

-Análisis de la viabilidad financiera de las empresas del Estado: se evaluará cada caso desde la perspectiva de su factibilidad económica y social, vendiendo aquellas empresas que se demuestren no viables, ofreciendo un plan de retiro a sus trabajadores.

-Las empresas del Estado viables económicamente, financiarán sus inversiones con la venta de bonos convertibles.

-Diversificar la producción minera de Chile: avanzar en la explotación de otros minerales, como uranio, cobalto, selenio, indio, que permitan no depender del cobre y el molibdeno, transformando a Codelco en una empresa minera diversificada.

-Mejorar los mecanismos de formación de empresas filiales de Codelco, bajo la forma de “asociaciones con terceros”, según permite el Código de Minería, privilegiando la fórmula que introduce la racionalidad de la empresa privada en la gestión de la industria minera.

-Reorientación de la Empresa Nacional de Minería (Enami) como promotor de transferencia tecnológica, para una minería más moderna, sustentable y de mayor valor agregado, con una política de fomento dirigida a levantar una pequeña y mediana minería más moderna y eficiente, con un mayor nivel de profesionalización.

-Implementación de plantas de tratamiento a cargo de Enami: revisar las plantas que tiene Enami para convertirlas en instalaciones que agreguen valor a las producciones de la pequeña minería, y dotarlas de la tecnología necesaria y suficiente para incrementar su competitividad.

-Flexibilidad laboral: generar un marco legal adecuado para la contratación de mano de obra en jornadas parciales o en forma temporal, con el fin de absorber aumentos puntuales de demanda de mano de obra. Se modernizará el Código del Trabajo para introducir libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo.

-Establecer en todos los contratos de trabajo una indemnización por años de servicio a todo evento, es decir, tanto si el trabajador es despedido como si renuncia, con el objetivo de favorecer la movilidad laboral y la competencia por la retención de talentos.

-Generar incentivos para que las empresas hagan innovación y desarrollo apalancadas en organizaciones con capacidades técnicas y científicas (universidades, centros de formación técnica, institutos del estado, empresas) que cuenten con infraestructura ad hoc. El Estado actuará como articulador y pondrá a disposición recursos públicos para implementar la digitalización de la industria.

-Agregar valor a nuestras riquezas naturales y propender a la fabricación inteligente aprovechando las oportunidades de mercado y la Revolución Industrial 4.0.

-Profundizar las políticas existentes de industrialización con la responsabilidad social, mitigación de pasivos ambientales, uso responsable del agua y la energía, y el desarrollo de las comunidades.

-Política estatal que termine con la contaminación producida por las empresas estatales y privadas. Se procurará eliminar toda contaminación proveniente de efluentes del proceso industrial y minero.

-Elaboración de normas para detener la contaminación de suelos por metales pesados; avanzar en el inventario nacional de relaves mineros. Aumentar la fiscalización para tranques de relaves mineros que generen lixiviados tóxicos.

-Racionalizar, simplificar y unificar los permisos sectoriales necesarios en proyectos de inversión productiva.

-Aumentar las áreas protegidas, procurando que todo ecosistema endémico de Chile posea al menos un área protegida con superficie suficiente para su preservación.

-Ley para el manejo sustentable y protección de glaciares y nieves eternas, a partir de mayor información que permita avanzar en su estudio y conocimiento.

-Uso de agua y energía: se propone formular un plan armónico de uso de estos recursos, como centrales hidráulicas para generar energía, agua para riego, procesos mineros y consumo humano.

-Manejo integrado de cuencas hidrográficas y protección de los ecosistemas hídricos.

-Incentivar el uso de desaladoras para generación de agua industrial y de riego, especialmente en el centro-norte del país.

-Desarrollo armónico de comunidades: las comunidades donde se desarrollan actividades económicas, como la minería, deben ser consultadas en cuanto a las externalidades positivas y negativas. “Un proyecto sustentable debe ser medido por el correcto uso de los recursos naturales, humanos, y su interacción con su entorno y las medidas de mitigación de externalidades negativas contempladas, con la participación activa de los gremios mineros e industriales. Proponemos que las industrias manufactureras y mineras paguen sus derechos municipales en las comunas donde realizan sus faenas productivas o extractivas, para traer el beneficio de sus aportes a las comunidades residentes”.

-Acelerar el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, facilitando la materialización de proyectos a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que reduzca los plazos de desarrollo de los proyectos.

 

GABRIEL BORIC

-Royalty a la gran minería del cobre, como parte de una reforma tributaria que apunta a avanzar a un sistema de impuestos progresivos. Se estima una recaudación del 1% del PIB por esta vía. “Respetando los contratos de invariabilidad tributaria, vamos a recuperar una proporción significativa de las rentas del cobre para Chile, destinándolas a una transformación productiva verde que nos permita superar el extractivismo y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”. El mecanismo será progresivo en precios: mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas. Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios de evasión y elusión, el royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera, que permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos.

-Una minería para Chile y los desafíos del futuro: definir un nuevo rol económico de los recursos naturales, “pasando de la mera extracción a un uso eficiente de las rentas propias de cada sector”. Para esto se promoverán políticas orientadas a posicionar la minería en Chile como un ejemplo, por su capacidad de conciliar la reducción de impactos locales con el desafío de contribuir con minerales de bajas emisiones a la lucha contra la crisis climática, manteniendo una relación armónica con las comunidades y los territorios donde se desarrolla.

-Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con protagonismo del Estado en su desarrollo. En particular, se promoverá la creación de una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción.

-Se buscará darle mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos, a través de mayor inversión en ciencia aplicada e innovación en minería. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones.

-Se promoverán iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves mineros y la optimización de la exploración minera, incluido el desarrollo de la exploración de metales críticos para un desarrollo sustentable y sostenible.

-Se fortalecerá la Enami, para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería, pero especialmente para la micro, la pequeña y la minería artesanal, impulsando su modernización tecnológica e inversiones para dar mayor sustentabilidad a sus operaciones. Se buscará minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje para desechos y maquinaria abandonada.

-Se propondrán herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación.

-Se buscará fortalecer la capacidad de fundición de cobre, impulsando la construcción de una nueva fundición para la producción de cobre refinado con altos estándares ambientales.

-Se revitalizará la estrategia para la regularización de Pasivos Ambientales Mineros (faenas abandonadas), que son un riesgo para el medio ambiente y las comunidades.

-En línea con la reducción del impacto ambiental asociado a la producción de cobre, se promoverán inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería y se promoverá el uso de energías limpias en los procesos mineros e industriales. También se promoverá su trazabilidad en el mercado.

-Se fortalecerán las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas, y se diseñarán instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del royalty.

-Se establecerán condiciones que materialicen el agua como bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, según lo establezca la Convención Constitucional. Se busca cambiar el modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia.

-La propuesta hídrica se estructura en torno a los ejes: derecho humano al agua y al saneamiento, a través de una política nacional de seguridad hídrica; transformaciones institucionales graduales, tales como la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas y organismos de cuenca.

-Se revisarán los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.

-Cambiar la matriz productiva e instaurar una que responda a objetivos de desarrollo deseables para el país, con políticas industriales y de innovación. Esta nueva estructura requerirá una rápida transformación digital, una reconversión laboral justa, avanzar más audazmente en la transformación energética y un fuerte desarrollo de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación. Todas las políticas propuestas se despliegan en colaboración con el sector privado, pero contemplan un rol estratégico del Estado.

-Avanzar en un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental, para que se adecue a la situación de escasez hídrica y crisis climática. Se legislará para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por el/la gobernador/a regional.

-Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio.

-Se promoverá una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.

-Chile debe declararse en estado de emergencia climática: se deben fortalecer las metas de mediano y largo plazo para adelantar la meta de ser un país carbono neutral.

-Con parte de la recaudación del royalty se creará un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático.

-Que los proyectos que deban someterse a un proceso de Evaluación Ambiental declaren sus proyecciones de GEI y medidas de mitigación consistentes con el objetivo de carbono neutralidad.

-Se impulsará la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y se buscará aumentar significativamente la extensión de áreas protegidas.

-Profundización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, para convertir a Chile en productor y exportador de H2 verde a precios competitivos.

-Negociación colectiva multinivel, para asegurar la libertad de los trabajadores para negociar y organizarse.

-Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

-Modificación de la ley de igualdad de remuneraciones, para garantizar la aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor.

-Cada estrategia sectorial será diseñada incorporando la dimensión de género y políticas de inclusión explícitas, como el impulso al acceso de mujeres a trabajos tradicionalmente masculinos (como el sector manufacturero o minero).

-Reforma tributaria que recaude del orden del 8% del PIB en régimen. Su implementación será gradual en un periodo de seis a ocho años.

-En cuanto a impuestos verdes, se plantea aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión.

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