“No podemos liquidar a la minería con contribuciones exageradas que no le van a permitir desarrollarse”, sostiene la abogada y socia de Voces Mineras. Sobre el debate constitucional, dice que lo contenido en la actual Constitución entrega certeza jurídica a quienes invierten en el sector.

Santiaguina de nacimiento, su etapa escolar la vivió en el colegio de Las Monjas Argentinas, desde donde pasó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A ese título agregó más tarde dos Magíster: uno en Derecho de Minería y otro en Derecho de Aguas de la Universidad de Atacama. Convertida en una reconocida abogada del sector minero, Verónica Baraona es actualmente presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Sonami y participa en la Comisión de Asuntos Comunitarios. También es socia de Voces Mineras, donde está colaborando como secretaria (i) de la asociación.

Recuerda que estudiando Derecho en la PUC se interesó por el ramo de Derecho Minero, lo que le valió algunas críticas de sus compañeros, porque era la única mujer de ese curso. “Desde muy pequeña tuve interés en la minería, porque mi papá fue ingeniero en La Anaconda”, cuenta. Incluso antes de terminar la carrera, cuando cursaba cuarto año de universidad, entró a trabajar a la Empresa Nacional de Minería (Enami), de la cual dice estar tremendamente agradecida, porque fue una gran escuela para ella.

Ingresó a Enami como procuradora de la Fiscalía y, una vez titulada, fue nombrada abogada de dicho departamento. Entonces trabajaban allí sólo dos mujeres –ella incluida– en un equipo formado por un total de 15 abogados. “En ese momento la Fiscalía de Enami era muy grande, porque estaba todo el plan de expansión de la empresa, donde se hicieron acuerdos con varios países europeos y existían las sociedades mixtas, además del impulso al desarrollo de la pequeña y mediana minería, que fue realmente muy importante en aquella época”, señala Verónica Baraona.

Estuvo en Enami hasta comienzos de 1975, cuando se fue a vivir fuera del país acompañando a su marido por motivos de trabajo. Pasó 14 años en el exterior, en Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos (Nueva York). En ese periodo se dedicó principalmente al cuidado de sus hijos, que por esos años ya sumaban tres. Ya de nuevo en Chile, nació su cuarta hija.

Regresó al país en 1988 y con el retorno de la democracia tuvo la oportunidad de volver a Enami, como secretaria abogada del Directorio. Permaneció en ese cargo alrededor de cuatro años, tras los cuales se fue a trabajar a la Presidencia de la República durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Más tarde, nuevamente volvió a Enami por algunos meses, desde donde partió a encabezar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estuvo en ese organismo alrededor de un año, hasta que decidió dedicarse al ejercicio libre de la profesión, prestando asesorías principalmente a los sectores minero y energético.

Cuando Michelle Bachelet asumió la Presidencia de la República (en su primer mandato) la designaron Subsecretaria de Justicia, cargo en el que permaneció por dos años. Los otros dos años de gobierno fue Subsecretaria de Minería, donde le tocó trabajar con el ministro Santiago González.

Terminado el gobierno, estuvo un año en pausa, hasta que postuló a lo que entonces era Xtrata Copper, hoy Glencore, empresa a la que se incorporó como abogada de Asuntos Corporativos. Estuvo 10 años en esa compañía, de la cual llegó a ser Superintendente Legal y Encargada de Asuntos Externos.

“Este recorrido me permitió conocer el sector minero desde el lado público y del lado privado, enriqueciendo mis conocimientos en la materia”, destaca.

Rol de Enami y del Ministerio de Minería

– Enami marcó su carrera profesional. ¿Cómo ve hoy a esta empresa?

– Últimamente he tenido poco contacto con la Enami, pero creo que pasa por un periodo difícil. No veo que esté detrás de algún proyecto importante.  Me gustaría verla mucho más posicionada, con un equipo profesional-técnico de primer nivel. Es una empresa demasiado importante, que ha sido un puntal para la pequeña y mediana minería, sobre todo para la pequeña minería. No hay otra empresa en el mundo como la Enami; muchos países mineros han querido imitar el modelo para trabajar de forma transparente y técnicamente responsable con los pequeños mineros, pero no lo han logrado.

Me gustaría destacar que Enami fue gran formadora de profesionales del sector minero y me siento muy honrada de haber integrado su Directorio en dos oportunidades.

– Habiendo estado en el Ministerio de Minería, ¿qué le parece la importancia que tiene esta cartera en nuestro país?

– Lamentablemente, a este Ministerio no se le ha dado la importancia que debiera tener. Es el Ministerio que tiene el menor presupuesto, la menor cantidad de profesionales, donde hay mucha rotación y muchas veces llega gente que no tiene formación en minería. Entonces, no puede lucirse como debiera. Esta afirmación la hago con mucha pena. Estamos hablando de un país minero donde la mayor parte del PIB proviene de este sector.

– ¿A qué cree que se debe esto?

– Minería es un Ministerio del sector económico que lamentablemente no tiene la importancia que debiera tener en un país minero como Chile. No sé por qué ha sido la tónica de todos los gobiernos, de centro, derecha e izquierda. Desde mi punto de vista, debiera estar al frente de las grandes decisiones del sector.

Además, desde que Codelco tiene su gobierno corporativo, se maneja independientemente, ya no depende del Ministerio de Minería y el ministro ya no es presidente del Directorio como era antes; sólo representa al Estado en materia financiera, pero Codelco se maneja sola.

En los programas de gobierno donde tuve participación, bregué mucho porque se le diera mayor importancia al Ministerio de Minería, para que tuviera relevancia política y económica, pero a juzgar por los resultados, no fui muy escuchada.

No en vano se dice que no comeríamos si no fuera por la minería, y lo pudimos ver durante la pandemia: fue el único sector que no paralizó sus actividades, que siguió produciendo y aportando al Estado. Pero hay poca formación y poco conocimiento sobre su importancia. Hay una desafección muy grande que hay que trabajar desde el colegio, para que los niños empiecen a adquirir cariño por el principal producto de Chile.

Minería en una nueva Constitución

– Este año estamos pasando por un nuevo proceso constitucional. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo debiera estar consagrada la minería en la nueva Constitución?

– He revisado bastante el artículo 19, N° 24 de la actual Constitución, donde está establecido la base del sistema concesional minero, y cada día me convenzo más de que no es necesario hacer grandes cambios a ese artículo en particular, porque ha permitido que en estos últimos 40 años la minería privada en Chile se pueda desarrollar, pueda invertir y aportar al país. En manos del Estado no habría sido posible invertir lo que se ha invertido en minería. Por lo tanto, no soy crítica de lo que está establecido hoy en la Constitución, muy por el contrario.

– ¿Y alguna mejora que pueda introducirse?

– Es que las mejoras que puedan hacerse serían temas de proyecto de ley o de modificación al Código de Minería, pero no vía cambio en la Constitución. Me parece que lo que está en la Constitución es suficiente para que la minería se siga desarrollando y entrega certeza jurídica a quienes invierten en minería.

– ¿En qué tipo de conceptos o temas que pudieran incorporarse visualiza un eventual riesgo para el sector?

-No tengo conocimiento aún sobre cómo quedará redactada la nueva Constitución y si alguna de sus disposiciones afectará directamente a la minería chilena. Creo que la fórmula mixta de desarrollo del sector que tenemos hoy día ha resultado ser la adecuada, cada uno debe tener su parte: la parte pública con Codelco y Enami, y la parte privada con las empresas que han podido invertir. Que en algunos casos excepcionales pueda haber alguna sociedad mixta, pero que no sea una obligación constitucional del Estado intervenir en las empresas privadas.

– En lo relativo a temas medioambientales, ¿ve posibilidades de mayores restricciones?

– Siempre se dice que la minería es una actividad extractiva contaminante y así se dijo mucho en la discusión del anterior proyecto de reforma constitucional, y eso marca mucho. Se le exige más a la minería y ésta puede dar más aún; tiene que trabajar con las comunidades donde desarrolla sus proyectos y cumplir a cabalidad con todas las exigencias medioambientales, sobre todo en recursos hídricos en estos momentos que tenemos gran falta de agua en todo el país. En el norte la minería afortunadamente ha hecho inversiones importantes en plantas desalinizadoras y se está usando agua de mar. Eso ha sido un gran avance.

– ¿Hasta ahora cómo ve el actual proceso constitucional en curso?

-Hasta aquí lo veo bien. Primero, porque se formó una comisión de expertos, de gente que entiende y que han llegado a acuerdos sobre varios puntos importantes. Pero mientras no sepamos cómo quedará el texto definitivo, no puedo opinar.

Regulación del litio

– Respecto del litio, ¿de qué forma debiera estar regulado? A su juicio, ¿debiera seguir siendo un mineral no concesible como está concebido hoy?

– Mi opinión es que debiera ser un mineral concesible. Antes de 1979, en que se dictó el decreto que creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), el litio era concesible y las concesiones las tenían Codelco y Corfo. Está bien que sea el Estado el dueño de este recurso, pero debe ser concesible, porque el litio en este momento ha adquirido precios increíbles y nosotros no tenemos claro cómo administrar este recurso y cuando se tomen las decisiones vamos a llegar atrasados.

Se está pensando en la creación de una Empresa Nacional del Litio, pero ya ha pasado un año de gobierno en que se está discutiendo este tema, tiene que pasar otro periodo de aprobación en el Congreso y se van a perder dos años fácilmente, pero es hoy cuando tenemos que estar presentes en la explotación y comercialización del litio.

Corfo tiene sus pertenencias arrendadas a dos empresas en el Salar de Atacama, mientras Codelco tiene pertenencias en el salar de Maricunga, que es muy importante, pero nunca las ha explotado. El Estado tiene herramientas, pero nos estamos perdiendo una gran oportunidad por no habernos anticipado. Esto lo tenemos que resolver ahora, no nos sirve que legislemos para cinco años más.

Creo que una buena idea es tener asociaciones mixtas con privados o agilizar a través de contratos especiales de operación del litio (CEOL), pero hay que ver a quiénes se les otorga y si tienen los permisos ambientales. Me parece que Salar Blanco, que es una empresa que tiene los permisos ambientales y resolución de calificación aprobada, como también tendrían SQM y Albemarle. Es decir, son pocos los actores que pueden hoy día empezar a explotar litio y comercializarlo, pero hay que aprovechar eso y en paralelo iría viendo cómo crear una asociación público-privado, porque la Empresa Nacional del Litio puede ser una buena idea, pero a largo plazo. No sabemos si vamos a llegar oportunamente con esa empresa y cuáles van a ser sus funciones específicas.

Royalty minero

– Otro tema que se está discutiendo hoy que puede afectar a la minería es el royalty. A su juicio, ¿qué principio debiera estar detrás de este gravamen?

– El royalty es una compensación que se entrega al Estado por explotar y comercializar un recurso de su propiedad. Entendido así, el sector minero no se opone, pero éste debe ser razonable. Debe considerar la competitividad de la industria en Chile con relación a otros países productores de cobre y litio, considerar las distintas realidades y tipos de compañías que hay, porque las grandes empresas no son iguales a las medianas; debe verse qué beneficios va a reportar, cuáles van a ser los aportes a las regiones mineras, cuáles van a ser los beneficios que se generarán con esta contribución al Estado y si habrá estabilidad para las inversiones ya realizadas o para las que vengan en el futuro.

A pesar de que han asistido muchos expertos a las comisiones de Minería y Hacienda de la Cámara y del Senado, parece que no han entendido bien cómo es el desarrollo de un proyecto minero. El royalty no puede ser exagerado, no puede afectar la competitividad. Si va subiendo de acuerdo a la producción, es muy posible que las empresas terminen produciendo menos y eso nos va a afectar como país. Llevamos muchos años estancados en la misma producción de cobre. No podemos liquidar a la minería con contribuciones exageradas que no le van a permitir desarrollarse.

No nos olvidemos que tenemos un vecino rico en minerales, Perú, que nos compite, y están Canadá y Australia, que ya tienen su carga tributaria y de royalty establecida. Nosotros no podemos pasarnos de esos límites, porque de lo contrario, no vamos a ser un país atractivo.

Tengo la impresión de que el Ministerio de Hacienda está en una buena disposición para llegar a acuerdos, se ha ido entendiendo cómo es el trabajo de la industria minera, cuándo se invierte y cuánto se podría contribuir al Estado. Donde tengo mis observaciones es respecto de que el 30% vaya a las regiones mineras y el 70% al resto de las regiones del país. Debiera ser al revés, porque donde se está extrayendo un recurso mineral no renovable es en las regiones mineras y es ahí donde debiera dejarse la mayor contribución.