Publicación original de Minería y Futuro, escrito por Miguel Toledo

Como conocedor –por experiencia personal y profesional- del proceso de Nacionalización del cobre que vivió Chile en 1971, Sergio Jarpa subraya que esa decisión adoptada hace ya medio siglo, contó con el respaldo unánime del Congreso.

Mientras que al referirse a la iniciativa de similar índole que avanza actualmente en la Convención Constitucional, hace notar que  -hasta el momento- ha tenido el apoyo solo “de un grupo de constituyentes que, al parecer, no conoce la industria minera, ni las reglas del comercio internacional”.

El presidente de la agrupación Voces Mineras tiene una visión crítica tanto del modelo estatal que plantea esta propuesta, así como de su impacto para el sector y el país, si se llega a implementar.

-Si la actual Constitución ya establece que los minerales pertenecen al Estado de Chile. ¿Le parece correcto hablar de “nacionalización de la minería” en la propuesta aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional? ¿No sería más correcto: “estatización”?

Efectivamente los minerales pertenecen al Estado chileno, el cual los otorga en concesión mediante el pago de una patente, por medio de resolución judicial. Por lo tanto, la iniciativa se trata de la compra no concordada de los activos productivos de las empresas mineras (privadas).

–¿Tiene la propuesta un carácter expropiatorio?

Sería expropiatorio si no hay acuerdo en el valor, ni en los plazos de pago de la respectiva indemnización, situación que al parecer se da en la propuesta.

-De seguir avanzando y finalmente se llega a implementar. ¿Cuán profundo cree que podría  ser el impacto?

Asumiendo que algún ente estatal se haga cargo de las operaciones -¿una Codelco 2.0-, en el corto plazo podrían seguir trabajando y produciendo. Pero en el mediano y largo plazo, sin nuevos recursos para exploración y desarrollo de proyectos -porque el Estado no los tiene, ni siquiera para la actual Codelco-, la producción chilena de cobre, hoy día mayoritariamente basada en las empresas privadas, decaería irremediablemente.

-¿El Estado aumentaría la recaudación estatizando a la industria minera?

Podría hacerlo en el corto plazo, sobrexplotando (floreando) las minas; siempre que no se produzca un bloqueo internacional a las exportaciones chilenas, incluidas las de cobre. Pero dicha estrategia traería una importante e irremediable caída en la producción minera en el mediano y largo plazo, y con ello, una irreversible reducción en la recaudación por parte del Estado.

Impacto en los encadenamientos y proveedores

-¿Qué cabida tendría la inversión de privados en el modelo de minería  que se propone?

Sin certeza jurídica, ni estabilidad en las reglas del juego, no habría inversión privada. Mucho menos después de una expropiación como la propuesta.

–¿Y qué podría suceder con los encadenamientos productivos y los proveedores mineros?

Se verían proporcionalmente afectados con la baja de producción y ausencia de nuevos proyectos, además del deterioro de los procedimientos y plazos de pagos.
-¿Qué ventajas y desventajas tiene el Estado como actor en el negocio minero?

El Estado tiene la ventaja de recibir ingresos, tanto por excedentes como por impuestos, en la medida que sea eficiente y genere utilidades. Por el contrario, las principales desventajas que veo son dos: primero, que tiene que financiar la exploración y desarrollo de nuevos proyectos, distrayendo recursos de otras necesidades del país, especialmente sociales; y segundo, la burocracia e intervencionismo político, donde no siempre hay conocimiento del negocio minero.

¿En el caso de los privados, cuáles son los pro y los contra?

El inversionista privado tiene como principal ventaja decidir dónde invertir en minería, en función de la certeza jurídica, claridad y estabilidad de las reglas del juego en el largo plazo, especialmente tributarias. Su gran desventaja es quedar expuesto a los cambios en estas condiciones una vez realizada la inversión, la que habitualmente es cuantiosa y de retornos en el largo plazo.

El escenario en 1971

-¿Qué diferencias tiene la actual propuesta constitucional con el proceso Nacionalizador de 1971?

El contexto histórico e internacional es distinto. En los 60-70 existía una corriente nacionalizadora de la minería en varios países: Perú, Zambia, Zaire (hoy República Democrática del Congo), además de Chile, principalmente por la poca claridad y abusos por parte de las empresas mineras extranjeras, junto con la casi nula influencia de los gobiernos de estos países,  en las decisiones que se tomaban.

Hoy, en un mundo globalizado, eso no ocurre y los países compiten por atraer inversión extranjera, para así usar sus escasos recursos financieros en satisfacer las necesidades prioritarias de sus conciudadanos.

En segundo lugar, la Nacionalización del cobre en Chile en 1971, fue aprobada por la unanimidad del Congreso; la propuesta actual -hasta el momento-  lo ha sido por un grupo de constituyentes que, al parecer, no conocen la industria minera, ni las reglas del comercio internacional.

Y finalmente, en 1971 se nacionalizó solamente el cobre, ahora se pretende nacionalizar también el litio, el oro, la plata y, en general, todos los minerales que se producen en Chile.

–Si la nueva Constitución llega a considerar cambios al modelo minero  ¿hacia dónde deberían apuntar? Algunos expertos constitucionalistas opinan que la definición del modelo minero no es materia constitucional, sino de leyes orgánicas con rango constitucional, como lo es ahora. La mayoría de los constituyentes impulsores de la iniciativa de nacionalización no han demostrado ser expertos, o al menos conocedores del tema; situación que sería remediable escuchando y considerando opiniones expertas e independientes.