El director ejecutivo de Aprimin y socio de Voces Mineras enfatizó que la minería en Chile tiene una carga tributaria total competitiva respecto de la mayoría de los distritos mineros del mundo.

“Más recauda el país con tasas efectivas totales del 44 o 48% sobre una producción de 100, que con tasas de 60 u 70% con una producción de 60”. Así lo manifestó Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) y socio de Voces Mineras A.G. (VVMM), al analizar las implicancias del proyecto de ley que busca establecer una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Invitado a exponer en el foro “Nuevo Royalty a la Minería” realizado por VVMM, el abogado y ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco sostuvo que con la tasa progresiva que contempla la moción –que va desde el 3% al 75%, según varía el precio del cobre y su equivalente en otras pastas–, la mediana minería no es viable y tampoco muchas mineras grandes.

Asimismo, proyectó que implicará una importante pérdida de empleos, tanto en la minería como en sus proveedores y terminará debilitando la situación geopolítica de las regiones del norte de Chile, producto del impacto en la actividad minera. “Estamos hablando de tasas absolutamente expropiatorias”, remarcó.

De acuerdo con Hernández, la minería en Chile tiene una carga tributaria total competitiva respecto de la mayoría de los distritos mineros del mundo: la suma de los impuestos a la renta minera, de primera categoría y adicional a las remesas de utilidades al exterior, más el royalty minero (que se rebaja como gasto, no como crédito) arrojarían, en los casos de altos precios, tasas efectivas a la gran minería que podrían fluctuar desde 48% (o 39% para las mineras con invariabilidad), hasta un 56% (o 46%).

Sin embargo, hizo ver que esa competitividad ya se ve afectada por otros factores, los cuales dejan a Chile en desventaja frente a otros países, tales como la disminución de la ley del mineral, las mayores impurezas, la dureza de la roca, las distancias de acarreo, la “permisología”, los costos laborales, la incertidumbre que genera el proceso constitucional, entre otros.

Cuestionando el nuevo royalty

Sergio Hernández recordó que la minería en Chile ya tiene un royalty, promulgado hace 16 años. Porque si bien entonces fue legislado por el Congreso en la forma de un impuesto específico a la minería –porque no hubo quorum parlamentario para establecer un royalty– los fundamentos que se esgrimieron para aprobarlo son los que legitiman el cobro de una compensación al Estado o royalty por la extracción de recursos minerales. “Por lo tanto, el impuesto específico a la minería no es un impuesto, es un royalty minero”, insistió.

Respecto del nuevo royalty que se propone, cuestionó que se calcule sobre las ventas, porque con ello se desconoce la realidad geológica, cuya naturaleza es variable, dependiendo de las leyes del mineral, las impurezas, la dureza de la roca, los procesos metalúrgicos, todo lo cual incide en mayores o menores costos. “Hay empresas que tienen rentabilidad cero y pérdidas, y otras que tienen rentabilidades superiores al 20 o 30%. Aplicable sobre las utilidades es una retribución más justa para el Estado y para la compañía minera”, indicó.

También hizo notar que el proyecto de ley en trámite no deroga el impuesto específico a la minería.

Por otro lado, observó que la moción parlamentaria adolece de tres inconstitucionalidades: contraviene una facultad exclusiva del Presidente de la República (art. 65 inc. 4 # 1), así como la prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados y la de establecer tributos manifiestamente injustos (art.19 # 20 inc. 2).

Justo equilibrio

Según Hernández, el mayor precio de los minerales en los mercados asegura, con la actual legislación, mayores ingresos al país. “En uno de los años del boom del precio, la minería aportó más del 30% de los ingresos fiscales”, recordó.

Y si bien consideró que con los mayores precios vigentes, hay algún espacio para ajustes en las tasas de los tramos más altos del impuesto específico, lo que permitiría una mayor recaudación para el Estado, precisó que ello tiene un límite, que es no afectar la competitividad en los mercados de inversión minera.

Reafirmó que “siempre será mejor para la recaudación fiscal una mayor producción que impuestos desproporcionados, que finalmente bajarán el monto de lo recaudado”.

Para el socio de Voces Mineras, “el desarrollo sustentable del país exige buscar una salida razonable, que entregue el justo equilibrio entre mayores recursos para el Estado y mantener el atractivo del país para la inversión en minería, favoreciendo el empleo, el encadenamiento productivo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile y el desarrollo humano”.

Aquí puede revisar la presentación completa de Sergio Hernández: