Para el socio de Voces Mineras y director ejecutivo de Aprimin, la nueva Constitución debe establecer reglas muy claras para el desarrollo de la actividad empresarial, sin la cual no hay empleos, ni impuestos, ni recursos para financiar programas sociales.

Sergio Hernández ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 1972, en una época que describe como convulsionada, por las fuertes divisiones que marcaban al país y particularmente a los estudiantes. Ya en su primer año universitario se convirtió en dirigente estudiantil, delegado de la FECH. A fines de 1978 vivió tres de los principales hitos de su vida: en octubre de ese año juró como abogado ante la Corte Suprema, en noviembre obtuvo su primer trabajo ya titulado y en diciembre se casó.

Su trayectoria de abogado la inició en el Grupo de Empresas Gómez Gallo, dueño del Banco Internacional, de la distribuidora DIN (hoy ABC DIN), de la importadora de Mitsubishi y Hyundai, de una compañía de seguros, entre otros activos. Lo designaron como gerente jurídico del grupo en 1979 y, luego de abrirse un cupo en el Directorio, a los 27 años de edad asumió también como director del Banco Internacional.

Estuvo cinco años y medio en el holding, hasta que como consecuencia de la crisis económico-financiera de comienzos de los ‘80, el Gobierno Militar decidió intervenir cinco bancos, entre los cuales estaba el Internacional. “Fuimos el único grupo económico que nunca tuvo un solo detenido ni formalizado”, recuerda Hernández.

Posteriormente se incorporó a una consultora-auditora formada por ex socios de Langton Clarke. Se trataba de Jeria y Asociados, que después se transformó en KPMG, donde llegó a formar el departamento tributario y en la que se mantuvo alrededor de cinco años. En ese periodo también hizo clases en la Universidad, de Derecho Económico y Tributario, durante tres años.

Tras renunciar a la consultora, se integró al estudio jurídico que estaban formando grandes amigos suyos: Narciso Irureta, Adolfo Zaldívar y Ramón Briones. De los cuatro, era el único que tenía una importante experiencia en empresas y consultoría.

Militante de la DC desde 1971 (a la que renunció durante un tiempo luego de la expulsión de Adolfo Zaldívar), en 1994 el electo Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle llamó a Sergio Hernández para asumir la Subsecretaría de Minería. En ese tiempo no tenía experiencia en el sector minero, pero cuenta que precisamente por eso lo nombró el Mandatario: no quería una persona con intereses ligados al rubro, sino a alguien independiente. Permaneció en el cargo casi cuatro años y estando en él se convirtió en un férreo defensor del modelo de desarrollo minero nacional, basado en tres pilares: gran minería nacional y extranjera, mediana y pequeña minería junto a Enami, y Codelco estatal. “Eso es lo que le ha dado fortaleza y legitimidad a la minería chilena”, subraya.

Al salir de la Subsecretaría de Minería, fue designado presidente del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), y con la llegada del Gobierno de Ricardo Lagos fue nombrado director de Enami, el año 2000, cargo que aceptó gustoso, dice, porque la Empresa Nacional de Minería era una de sus obsesiones. “Enami y la pequeña minería representan movilidad social y económica, cobertura territorial, más empleo por unidad de inversión que la gran minería, más proveedores locales, vínculos con la comunidad…no es sólo producción, es mucho más que eso”, comenta.

Tras un paréntesis de regreso a la actividad privada para sacar a flote a una empresa del rubro aeroportuario, estando Alfonso Dulanto como ministro de Minería y Jaime Pérez de Arce como vicepresidente ejecutivo de Enami, le propusieron ser fiscal de la estatal, cargo al que postuló a través de concurso público y en el que se mantuvo hasta 2006. Después continuó realizando asesorías para diferentes compañías, entre ellas Codelco. Y al asumir Michelle Bachelet en su segundo gobierno, llegó a Cochilco como su vicepresidente ejecutivo, primero designado y luego ratificado por concurso de Alta Dirección Pública.

Desde Cochilco le tocó presidir el Grupo Internacional de Estudios del Cobre durante dos periodos consecutivos. También fue distinguido con el premio Profesional Destacado en Minería a nivel latinoamericano, por la Fundación Minera de Argentina.

“Cochilco es una joya de organización, con profesionales muy destacados. Su equipo es muy potente y tiene mucha credibilidad. Por eso nunca he querido que su Departamento de Estudios se vaya al Ministerio, porque éste tiene avatares de cambios de gobierno”, sostiene Hernández.

Tras su salida de Cochilco, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) le ofreció ser su director ejecutivo, cargo que asumió en marzo de 2019, luego de pasar también por un proceso de selección.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la actividad gremial?

Los desafíos que tenemos hoy como gremio no son sólo los aspectos de la digitalización, la robotización, la automatización, la productividad, la sustentabilidad o el mejor resultado para las empresas. Esta también cómo la empresa sirve a la sociedad, en lo ambiental, en lo social, lo laboral, en la inclusión, la diversidad. Son temas que tienen que ver con políticas públicas necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial en forma legítima. He llegado en un momento en que las empresas tienen un alto concepto de la necesidad de que deben no sólo generar valor para sus dueños, sino para la sociedad.

Nuevo Royalty a la minería

Dentro de su rol gremial le ha tocado estar en diferentes discusiones, como la del nuevo royalty. ¿Cómo ve hoy este debate en el Congreso, qué expectativas tiene?

Estoy mucho más optimista que hace tres meses. El proyecto de royalty salió de la Cámara de Diputados apoyado por 91 parlamentarios que aprobaron esta aberración jurídica.

¿Pero no hay cierta responsabilidad de la industria en lo sucedido, que no supo advertir que esto venía?

Sí lo advertimos. Varios estuvimos en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados advirtiendo sobre las consecuencias, pero no nos imaginamos que el proyecto iba salir de la forma que salió. Que la minería aportara algo más era una necesidad muy clara, eso no está en discusión. De hecho, ya lo han dicho dirigentes gremiales de la gran minería; con estos precios hay un espacio. Pero nunca pensamos que iba a salir no sólo el impuesto de 3%, que ya era complejo, porque era sobre las ventas; sino que después con las indicaciones que se introdujeron, llegaron hasta el 75% del precio. Eso es una locura tan absurda, que implicaba una expropiación encubierta. Con la carga tributaria que tiene el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, llegamos a superar el 80% de carga, lo que es absolutamente expropiatorio e inconstitucional. La Constitución prohíbe establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos.

Y hace inviable a muchas operaciones mineras…

Inviable a prácticamente todas las operaciones de mediana minería y algunas grandes. Además, la producción en Chile disminuiría brutalmente, la ley de corte subiría muchísimo, por lo que no habría nuevas inversiones.

¿Qué le hace pensar que en el Senado está cambiando el tono de la discusión?

A mi juicio, la Comisión de Minería y Energía del Senado se ha manejado de forma muy responsable, no obstante las distintas opiniones. Han escuchado seriamente a todo el mundo. Me pareció muy bien la ronda de audiencias con invitados, entre los cuales estuve, y también los seminarios que organizaron. Se nota que hay entendimiento de que lo que se tiene que lograr es algo que no dañe la competitividad de la minería en Chile. El Senado entiende que el país necesita el capital privado y extranjero para desarrollar la minería, porque no tenemos el suficiente en Chile, y para eso debemos dar garantía de competitividad.

En su opinión, ¿cómo debiera ser el ajuste para que la minería aporte más?

No me corresponde dar una propuesta concreta de cifra, porque represento a un gremio cuyos clientes son las mineras. Tengo que ser muy responsable en eso. He dicho desde el principio que la estructura del impuesto específico a la minería me parece muy virtuosa, en cuanto a que no daña a las empresas de altos costos, sino que se aplica sobre el margen operacional minero en escala creciente, respeta la competitividad y no hace desaparecer a compañías cuando los precios de los metales están bajos.

Reconozcamos una retribución para el Estado en base a las utilidades, que es lo más justo. Eso reconoce el valor geológico de la mina para el Estado y los costos de las compañías mineras. Hay un espacio ahí, ya sea disminuyendo los tramos del margen operacional minero en la ley de impuesto específico o aumentando un poco las tasas.

Hay quienes plantean poner el foco en la renta minera y modificar la Ley de Concesiones. ¿La corrección podría hacerse por el lado de las patentes mineras?

Lo que se recaudaría por esa vía sería muy escaso en comparación con un royalty. Se pueden aumentar las patentes por otras razones, por ejemplo, para estimular la movilidad de la propiedad minera o estimular la exploración y la explotación.

Nueva Constitución

Otro debate en curso es el del proceso constitucional. ¿Cuáles cree usted serán los principales ejes que van a cruzar directa o indirectamente a la minería?

Creo que el principal eje de la discusión constitucional va a ser el establecimiento de los derechos sociales, como el derecho a la salud, a vivienda y pensiones dignas. A eso apunta el gran clamor nacional y, por lo tanto, ahí va estar el foco principal de la preocupación de los convencionales.

¿Eso en qué medida toca a la minería?

Toca bastante, porque hay que financiarlo. Y los recursos no los generan los estados, provienen de la actividad económica, laboral y empresarial, de los impuestos. Por ello la Constitución debe establecer reglas muy claras para el desarrollo de las actividades laborales, profesionales y empresariales. Hay que garantizar un sistema de carga tributaria razonable, competitiva y que estimule la inversión, porque sin inversión no hay actividad empresarial y sin actividad empresarial no hay empleo ni impuestos, ni recursos para financiar programas sociales.

Tenemos que defender las normas que dan posibilidad a que la minería continúe.

¿Cuáles en particular?

Mantendría el dominio del Estado sobre las minas y continuaría entregando un régimen de certeza jurídica al concesionario minero con constitución objetiva de la propiedad minera, como lo hacen los tribunales. Sin embargo, establecería una patente progresiva en la medida que no se explote el yacimiento. Porque hoy existen muchos no mineros que tienen pertenencias mineras para proteger su actividad. A mi juicio, ahí hay una nulidad de derecho público, porque la Constitución dice que la concesión debe otorgarse para que se cumpla el fin para el cual está establecida y eso no se cumple. ¿Por qué no se esgrime eso por el sector minero? Porque podríamos perjudicar el desarrollo de muchas otras actividades económicas. Es un tema complejo, pero que hay que abordar.

Otro tema fundamental es la protección al derecho de propiedad en todos sus aspectos: uso, goce y disposición, y también de sus instrumentos de protección, es decir, recurso de protección y recurso de amparo económico. Sin eso, no hay ninguna inversión segura.

¿Cómo ve el tema agua?

Respecto del agua hay conciencia total en la industria minera de que es un recurso preferentemente para consumo humano. La minería está tan consciente de esto que el reúso del agua en el sector alcanza al 76% y creciendo, y los problemas de escasez hídrica en la zona norte se están resolviendo con inversiones en plantas impulsoras de agua de mar, desalinizada o no, que aumentan el costo del consumo de agua en 16-18 centavos de dólar por libra de cobre. Ese mayor costo se tiene que asumir, pero debería hacerse en forma asociativa.

¿El eje medioambiental cómo podría tocar al sector?

Tanta importancia va a tener, que una de las comisiones estables de contenido de la Convención Constitucional se llama Medioambiente y Economía. Y eso es desarrollo sustentable y equilibrado. Lo importante es que no se establezcan fanatismos ambientales que en definitiva perjudiquen al propio medioambiente, porque sin metales no hay protección ambiental. Los monitores ambientales, los autos eléctricos, las energías limpias están llenos de metales. Hay que apelar al equilibrio: respeto al medioambiente, detención del cambio climático y reconocimiento de que la minería juega un rol clave en ello.