“La propiedad minera está estancada; hay pocos concesionarios con muchas propiedades, y no existe un incentivo para explorar o explotar esas propiedades”, advierte Javier Jara, quien lideró el Núcleo de Exploración del Programa Alta Ley.

“Las reservas en Chile han ido bajando, y la única forma de reponerlas es encontrar nuevos yacimientos”, asevera Javier Jara, socio de Estribor Consulting, quien lideró el Núcleo de Exploración de la Hoja de Ruta del Programa Alta Ley en su versión 2.0.

Este fue uno de los ejes o núcleos traccionantes que se agregaron al trabajo del denominado Roadmap de la Minería, junto con minería verde y nuevos usos del cobre.

Javier Jara cuenta que en el grupo de Exploraciones se establecieron cuatro ámbitos de acción. El primero, relacionado con la regulación, el segundo con la captura de información geológica, el tercero con el uso de dicha información, y el cuarto con la creación de mecanismos de asociación para desarrollar o transferir nuevas tecnologías.

Al término de su trabajo, el grupo resolvió priorizar los ejes de regulación y de captura y gestión de la información, para que se avance en esos frentes.

Respecto del primero, Jara hace ver que en Chile el sistema de propiedad minera, que en otro momento fue exitoso para atraer inversionistas, hoy más bien entorpece el desarrollo de la exploración, particularmente greenfield. “La propiedad minera está estancada; hay pocos concesionarios con muchas propiedades, y no existe un incentivo para explorar o explotar esas propiedades, con un sistema de patente anual muy baja”, indica.

Por la concesión de explotación se pagan US$8 por hectárea, informa, mientras que por la de exploración US$1,5/H aproximadamente.

80% en el norte, 5% en el extremo sur

Consultado por el porcentaje de la propiedad concesionada en el país, Jara sostiene que el dato es relativo, dado que si consideramos  las hectáreas concesionadas, el número en algunas regiones como Antofagasta coincide casi con el 100% de la extensión de la región, pero como hay áreas que tienen concesiones superpuestas, sería más preciso señalar que en promedio el 80% de las regiones del norte están cubiertas por concesiones, mientras que desde Santiago al sur la cantidad decrece en forma incremental, y hacia el extremo sur el área concesionada no supera el 5%.

Y en relación con la propiedad concesionada que se explota, si bien observa que este dato no existe oficialmente, por los cálculos que hicieron en el Núcleo de Exploración, pudieron concluir que es bastante menor a un 10%. “Cabe señalar que la propiedad en rigor sólo debe cubrir los depósitos mineros, sin embargo, la industria tiende a cubrir todas las instalaciones con concesiones, lo que hace que el número de hectáreas ‘en explotación’ sea superior al real. Decir que es menor al 10% es una aseveración segura”, puntualiza.

Propuestas

A su juicio, para lograr movilizar el sistema de propiedad minera lo ideal sería promover proyectos en el sistema administrativo y no en el judicial, pero para llegar a eso se requeriría modificar la Constitución. “Hay conciencia de las dificultades de un cambio tan drástico, pero hay soluciones intermedias que apuntan, primero, a simplificar y modernizar el proceso de constitución de una propiedad, y luego establecer los incentivos y sanciones necesarias en caso de no ocupar una propiedad”. En ese sentido, Jara puntualiza que hay ejemplos en el mundo, como sistemas que obligan a trabajar la concesión o a invertir una suma progresiva por hectárea.

Sobre la captura de información geológica, en particular en zonas profundas o bajo cubierta –que es donde las herramientas son más limitadas y caras–, detalla que el objetivo es desarrollar nuevas tecnologías que faciliten la exploración, a lo que se suma la disponibilidad de herramientas modernas que ayuden a gestionar la información levantada y permitan generar un plan de exploración atractivo.