La iniciativa sufrió un revés en el Comité de Ministros, después de ser vista por segunda vez en esta instancia en un lapso de cinco años y medio, periodo en que ha pasado por una tortuosa tramitación.

Como diputado, candidato presidencial y recién elegido Primer Mandatario, Gabriel Boric siempre se manifestó contrario al proyecto minero-portuario Dominga. “Queremos desarrollo, pero no a costa del presente y del futuro”, dijo a mediados de 2021 cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobó la iniciativa. Y en su discurso como Presidente electo expresó: “No queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades, y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.

Un poco más de un año después de esas declaraciones, el Comité de Ministros, liderado por la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, se reunió para resolver sobre el proyecto Dominga, calificándolo desfavorablemente.

El itinerario del proyecto

El 13 de septiembre de 2013 el proyecto Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En marzo de 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo de la época, pese a tener un informe consolidado de evaluación (ICE) favorable de parte del organismo técnico, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Luego, en agosto de 2017, fue desestimado por el Comité de Ministros de entonces, liderado por Marcelo Mena. En esa instancia la votación fue dividida, generándose un quiebre que terminó provocando la salida de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quienes estaban a favor del proyecto.

Posteriormente, la empresa Andes Iron, titular de la iniciativa, apeló ante el Primer Tribunal Ambiental, el cual, por la unanimidad de sus miembros, resolvió acoger la reclamación judicial de la minera. La sentencia anuló la determinación del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Coquimbo de 2017, y ordenó retrotraer el proceso de evaluación y calificación a la etapa de votación por parte de la Coeva.

“Los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época de su evaluación y, si bien existen puntos que la empresa debe complementar, éstos pueden realizarse en el marco del proceso de evaluación. El rechazo del proyecto por el Comité de Ministros contradice el Informe Consolidado de Evaluación, ICE, al refutar los cuestionamientos técnicos por lo que se acoge la reclamación del titular del proyecto”, estableció el fallo del Tribunal.

En línea con esa sentencia, en agosto de 2021 –durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera– se llevó a cabo la segunda votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, la que por 11 votos a favor y uno en contra, aprobó la iniciativa, con lo cual obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Los opositores a Dominga intentaron revertir la medida ante la Corte Suprema, para evitar que el proyecto regresara al Comité de Ministros, lo que resultó infructuoso, pues en mayo de 2022 el máximo tribunal rechazó los recursos presentados en contra de la determinación del Primer Tribunal Ambiental, sin referirse al fondo del asunto por existir instancias administrativas pendientes.

Se llegó así hasta la primera sesión del actual Comité de Ministros, del 18 de enero de 2023, en que se pronunció sobre 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga.

En dichas reclamaciones se alegaba que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no habría considerado fundadamente sus observaciones en materias de medio marino, áreas protegidas, medio humano, recurso hídrico, valor turístico y emisiones atmosféricas.

Las razones esgrimidas

“En base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y al análisis y recomendaciones del SEA, el Comité de Ministros, de manera unánime, resolvió acoger los 12 recursos de reclamación y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el proyecto Dominga”, comunicó el Gobierno.

La instancia justificó su resolución en que no se habrían considerado debidamente las observaciones ciudadanas, entre otros puntos, en relación con:

• El medio marino: no se habría entregado una adecuada determinación y justificación del área de influencia, ni realizado una apropiada línea de base. “La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”, sostuvo el cuerpo colegiado.

A su juicio, no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas (Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Islas Choros y Damas) ni sobre las especies en peligro o vulnerables que las habitan, tales como la ballena azul, ballena jorobada, cachalote, delfín nariz de botella, pingüino de Humboldt.

• Los recursos marinos asociados a la pesca: “Existe incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, no se evaluó la real afectación a las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad”, señaló el Comité de Ministros.
• El agua: “El proyecto no considera la condición más desfavorable en su modelación hidrogeológica. Su diseño del sistema de reinyección no asegura una no afectación del recurso, tanto en disponibilidad y calidad”.
• El aire: “Existe insuficiente línea de base para poder fundamentar la no significancia del aporte de material particulado, especialmente por no incluir las rutas de navegación”.

Vías de acción

De las conclusiones del Comité de Ministros y las reclamaciones presentadas, se deduce que lo más complejo del proyecto sería el puerto, por lo que vuelve a plantearse la idea de la conveniencia de separar esta parte de la iniciativa puramente minera. En más de una ocasión se ha sugerido la alternativa de una posible alianza con otro terminal de la zona, en particular el Puerto Cruz Grande que está construyendo CAP.

Pero al parecer la empresa intentará sacar adelante su proyecto tal como está. Ya adelantó que recurrirá ante el Tribunal Ambiental, porque esta instancia “analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad”, reaccionó.

Andes Iron recalcó además que el proyecto Dominga “ha sido respaldado sistemáticamente en todas las instancias técnicas” y que en ellas ya se estableció que su línea de base es suficiente y completa. “El proyecto Dominga no sólo cumple, sino que supera todos los estándares y se alinea a los principios establecidos por el Gobierno para el desarrollo sostenible de proyectos industriales y mineros en materia de protección del medio ambiente, relacionamiento comunitario, uso de energías limpias, uso de agua desalada, entre otros”, declaró.