El académico y experto en Economía de Minerales, José Joaquín Jara, propuso diversas modificaciones para actualizar el sistema de derechos mineros de Chile y, consecuentemente, incrementar la inversión en exploración y la cantidad de actores participantes en esta actividad.

Una serie de propuestas para lograr un uso efectivo de las concesiones mineras planteó el académico de la Pontificia Universidad Católica, José Joaquín Jara, quien también es miembro del Directorio de Cesco. El profesor fue uno de los expositores del foro organizado por Voces Mineras sobre esta materia, oportunidad en que analizó la situación de la exploración minera en Chile, la comparó con la de otros países competidores, abordó las oportunidades de mejora y sugirió vías para resolver las brechas e incentivar la actividad exploratoria en el país.

Para graficar el estatus de la exploración en Chile, el profesor presentó algunos números: el país recibe entre el 5% y 6% del presupuesto de exploración en el mundo, y representa un 20% de los gastos de exploración en cobre (3/4 de esta actividad en el país se concentra en este mineral). “Parece un poco bajo porque Chile tiene cerca del 30% de las reservas y el 35% de los recursos de cobre a nivel mundial, aunque eso se explica por la gran productividad que ha tenido la exploración en Chile; ha sido muy eficiente, es decir, se ha descubierto mucho cobre con poco gasto de inversión en exploración”, manifestó.

Sin embargo, esa condición está cambiando, dijo, porque el distrito está más maduro y es más complejo encontrar depósitos: “En los últimos 15 años los grandes incrementos de recursos en Chile han sido básicamente en distritos reconocidos, o sea, son recursos adicionales, de exploración brownfield o minesite; por lo tanto, ha habido pocos descubrimientos significativos y no se ven muchas operaciones nuevas a futuro”.

Vistos por tipo de empresa, la gran mayoría de los gastos de exploración en Chile (78%) proviene de las grandes compañías mineras, lo cual difiere de países como Canadá y Australia, donde éstas representan el 37% y 29% respectivamente; mientras el segmento de las juniors e intermedias muestran una participación mayoritaria en esos países (59% y 68% respectivamente). Esos indicadores se ven también reflejados en la producción de cobre: en Canadá y Australia la pequeña y mediana minería aportan entre el 60% y 40%, en tanto en Chile este sector se mueve en torno al 5% de la producción.

¿Cuáles son los factores detrás de esto? Según Jara, tenemos un sector de exploración junior subrepresentado y una mediana minería que se quedó muy atrás versus la gran minería. “Uno podría decir que tenemos potencial geológico sólo para grandes yacimientos de cobre, pero creo que eso no es sustentable frente a la evidencia. Tenemos mucha actividad de pequeña minería, en la tercera y cuarta región, e incluso en la segunda”, señaló, acotando que una razón podría estar en el sistema de regulación de la propiedad minera existente.

A su juicio, esa situación se ve retratada en la disponibilidad de terrenos libres para hacer exploración y posterior desarrollo minero: “Más de un tercio del territorio nacional está concesionado, cuando en Canadá eso es alrededor del 10%. Y si vemos las regiones mineras, desde Tarapacá hasta la Metropolitana, tenemos más del 50% del territorio concesionado; es decir, queda menos de la mitad disponible para nuevas concesiones o nuevos emprendimientos mineros”.

Asimismo, dio cuenta de una distorsión mayor en la explotación, con más hectáreas concesionadas que en la exploración, “cuando en la mayoría de los otros países mineros desarrollados las concesiones de explotación son pocas”. También advirtió sobre la alta concentración de las concesiones en pocas manos, con una sola empresa con más del 10% de las concesiones de exploración y otra que tiene casi el 17% de las de explotación.

Oportunidades de mejora

Para Jara, la mayor oportunidad de mejora al sistema tiene que ver con el uso efectivo de los derechos mineros. “Chile es el único país en el mundo que solamente exige el pago de una patente anual para mantener las concesiones”, comentó.

Según el académico, ello da espacio a tres problemas presentes hoy:

-El uso de las concesiones para fines distintos de la actividad minera.

-La subutilización de concesiones por parte de agentes mineros.

-El no uso de los derechos mineros o uso en forma especulativa.

De acuerdo a estimaciones levantadas en un trabajo de tesis que le tocó guiar en 2011, en Chile la actividad minera de explotación utiliza alrededor de 600 mil hectáreas para su desarrollo; no obstante, hay más de 15 millones de hectáreas concesionadas con este fin. “Eso quiere decir que alrededor del 5% de las concesiones de explotación realmente se están utilizando en función del objetivo para el que fueron otorgadas”, sostuvo.

Respecto al uso especulativo, hizo ver que hay personas naturales que tienen más de 50 mil hectáreas en concesión, cuando una operación minera como Spence requiere 6 mil-7mil hectáreas.

Como otros espacios a mejorar, mencionó el proceso de otorgamiento de concesiones en sí mismo, respecto del cual dijo que “tiene la esencia de la década de los ‘80; es complejo, con muchas etapas”, lo cual deriva en plazos excesivos y emplea prácticas desactualizadas como la mensura en terreno.

Revisando las condiciones del régimen de amparo en diferentes países, Jara hizo ver que hay dos extremos: por un lado Chile, que exige sólo el pago de una patente y por el otro Australia, donde existe el amparo por trabajo e inversiones, estando en medio Perú, que pide el pago de una patente progresiva asociado a otros requerimientos, así como Canadá, que exige trabajo e inversiones mínimas.

“Con respecto al cumplimiento del objetivo social de la concesión, que es básicamente desarrollar actividad de exploración, desarrollo y producción minera, el amparo por patente es el que tiene menos posibilidades de cumplir con eso (el objetivo social de la concesión), versus el amparo por trabajo, que es el que más asegura que ello se cumpla”, indicó. Aunque desde la perspectiva de la certeza jurídica, el amparo por patente es el que más reduce el espacio a la arbitrariedad administrativa, acotó.

“En Chile se tiene que pagar alrededor de US$1,5 por hectárea para mantener la concesión” de exploración, informó el profesor, citando un estudio de Cesco. Ese valor se compara con los US$66/ha que se pagan en Perú y que además conllevan la obligación de realizar trabajos, requerimientos mínimos de inversión y producción, entrega de información geológica básica y multas por incumplimiento. Así como con los US$17/ha de Canadá, también asociados a un plan de trabajo, resultados e información geológica básica.

Propuestas

“Mi propuesta es llevar la patente, los primeros tres años, al rango medio de los países comparables, como Canadá o Australia; eso implica multiplicar por siete la patente actual. Y luego llevarla a rango alto, es decir, multiplicar la patente actual por 15 o 20 por los siguientes tres años, pensando en una concesión de exploración de seis años”, planteó Jara. Junto con ello, agregó la idea de incorporar una rebaja o incentivo de hasta 90% de la patente, asociada a inversión o trabajo mínimo de exploración.

También propuso estudiar la extensión de la concesión de exploración a tres o cuatro años, prorrogable por otros tres/cuatro años más, dado que en su opinión un plazo de dos años como el actual es muy acotado.

Respecto de las concesiones de explotación, sugirió subir la patente al rango medio de los países comparables durante los primeros cinco años y luego a rango alto los años siguientes, incorporando una rebaja o incentivo de hasta 90% del pago según inversión los primeros cinco años y por producción a partir del sexto año.

Otras medidas que mencionó fueron: restringir la superposición y solicitud consecutiva de concesiones de exploración; mantener un régimen especial para la pequeña minería y establecer otro para la mediana minería; equiparar la patente anual de sustancias metálicas y no metálicas; eliminar restricciones a la actividad minera en zonas de arboledas y viñedos; adecuar el procedimiento de denuncia de obra nueva en el Código de Procedimiento Civil; además de modernizar el proceso de solicitud y amparo, de manera que sea en línea y ágil.

“Si logramos todo esto, puede haber un incremento significativo en el número de empresas y en la inversión en exploración en el país, y también una mayor producción, sobre todo de la mediana minería y seguramente habrá más proyectos grandes”, concluyó.

José Joaquín Jara es ingeniero civil industrial mención minería, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; magíster en ciencias de la ingeniería, mención economía de minerales; y doctor en geología económica. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en entidades gubernamentales, compañías privadas y la academia, todas vinculadas a la industria minera. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Minería de la PUC. También es miembro del Directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco).

Puede revisar la presentación de José Joaquín Jara en este enlace.