En el mes de diciembre de 2014 la Comisión Nacional del Litio entregó a S.E. la Presidenta de la República su propuesta de política pública para la industria del litio, cumpliendo así el mandato que la Presidenta le entregara en el mes de junio de 2014 cuando fue convocada.

Tal propuesta tiene por finalidad lograr una institucionalidad que permita maximizar y capturar la renta económica del sector, privilegiando una estructura productiva intensa en tecnología e innovación, asegurando la sustentabilidad del proceso productivo del litio y demás minerales contenidos en los salares del norte del país.

Pues bien, ha pasado ya un largo año desde la entrega de tal propuesta y hasta la fecha poco se ha hecho para materializarla, con la excepción del relevante acuerdo alcanzado entre Corfo y Rockwood para aumentar la producción de esta última en el Salar de Atacama, además de la licitación que estaría pronta a anunciar Codelco para elegir a un socio estratégico que permita desarrollar un proyecto productivo en el Salar de Maricunga.

Paralelamente, otros países se mueven con agilidad para intentar satisfacer una cada vez más creciente demanda de litio destinada, fundamentalmente, a la producción de baterías de automóviles eléctricos, industria que se encuentra en una etapa de dinámica expansión.

Entonces, ¿qué hacer para que en nuestro país se pueda aprovechar no sólo el litio contenido en el Salar de Atacama sino en los demás Salares cordilleranos y pre-cordilleranos del norte?

Nos parece que para intensificar la extracción de litio en tales salares, es conveniente fomentar las alianzas público-privadas, que consideramos la estrategia de mayor eficiencia para aprovechar esta riqueza. De esta manera, el Estado, como dueño de la riqueza minera del litio, se asocia con privados para explorar y luego, de ser descubiertas reservas factibles de aprovechamiento económico, explotarlas, fomentando así una industria que tendrá el deber de aumentar el valor agregado de tal producción, dejando atrás la sola producción de carbonato de litio y la pasividad de nuestro país como actor en la fabricación de productos finales, tales como baterías, almacenadores de energía, etc.

Y, para fomentar tales asociaciones público-privadas es urgente contar con una regulación moderna y eficiente de los contratos especiales de operación del litio (que hoy sólo existen para los de petróleo) contratos que deberán distinguir y regular etapas de exploración, desarrollo y explotación, así como determinar la renta a ser pagada por el Estado al operador o contratista, como las obligaciones que asumirá éste para incrementar el valor agregado de esta producción de litio para el país. Esta regulación no requiere de la dictación de una ley, bastando tan sólo que en ejercicio de su potestad reglamentaria, la Presidenta de la República, promulgue un decreto supremo al efecto, lo que sin duda facilitará la concreción de estas alianzas.

¿Basta lo anterior para hacer posible el aprovechamiento del litio contenido en salares distintos al Salar de Atacama? No, no basta, por cuanto en los demás salares coexisten concesiones mineras otorgadas hasta el año 1979 – cuando el litio era concesible – con aquellas otorgadas con posterioridad y las cuales no tienen al litio como parte de su objeto. Dichas concesiones coexisten en un mismo salar, por lo que la extracción de litio por cualquier concesionario que cuente con los permisos requeridos afectará a los restantes concesionarios que hoy, al menos, tienen como parte del objeto de sus concesiones a los demás productos susceptibles de ser aprovechados de los mismos salares (potasio, magnesio, boro). Para lograr impedir que de tal coexistencia de concesiones mineras surjan acciones que paralicen labores legítimamente autorizadas a través de un contrato especial de operación de litio, se requiere de una urgente reglamentación que tome como base la ya regulada coexistencia legítima entre pertenencias mineras con distintos objetos (riqueza metálica y riqueza no metálica, por ejemplo) que hoy se encuentra en el Código de Minería.

“No es necesario ni conveniente continuar esperando para fomentar nuevas explotaciones de litio en nuestros salares. Sólo se requiere de la voluntad del Poder Ejecutivo”

En resumen: No es necesario ni conveniente continuar esperando para fomentar nuevas explotaciones de litio en nuestros salares. Sólo se requiere de la voluntad del Poder Ejecutivo para fomentar desde ya alianzas pública-privadas en base a contratos especiales de operación a ser prontamente regulados, que aseguren a Chile poder maximizar la captura de la renta económica de esta industria en crecimiento, potenciando nuestra participación en el mercado mundial del litio  como actores de relevancia en innovación y tecnología. Lo anterior, en adición a la maximización del aprovechamiento del Salar de Atacama y del ingreso de Codelco a esta industria.

Cristián Quinzio S.

Profesor Derecho de Minería

U. de Chile

Socio Voces Mineras