(Publicado originalmente en Minería Chilena Miércoles 17 de Enero, 2018)

No basta con que las medidas estén en los programas de gobierno: hay que llevarlas a la práctica y asignarles los recursos necesarios para su cumplimiento.

Para cuando esta columna se publique, ya sabremos quién será el próximo Presidente de Chile para el periodo 2018-2022. Pero sea quien sea el elegido, habrá un innegable aspecto positivo para la minería: ambos candidatos triunfadores en la primera vuelta han incluido a la principal actividad económica de nuestro país en su programa de gobierno, mostrando coincidencias importantes, tales como simplificar y reducir los plazos de aprobación de nuevos proyectos; otorgar certeza jurídica una vez aprobados previo estricto cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad; fortalecimiento de la institucionalidad que asegure el logro de lo anterior y una justa retribución a las regiones y comunidades en que se emplacen los proyectos y operaciones mineras.

Lo anterior contribuirá a recuperar parcialmente el atractivo de Chile como destino de las futuras inversiones en minería, ayudado por un positivo pronóstico del precio del cobre.

También existe coincidencia en la conveniencia de eliminar la Ley Reservada del Cobre y asegurar el financiamiento de Codelco, condicionado al perfeccionamiento de su gobierno corporativo, mejoras en su gestión que se traduzcan en mayor productividad y reducción sostenible de costos, habida consideración de su alto nivel de endeudamiento y superación de problemas técnicos en algunos de sus proyectos estructurales. Lo anterior exigirá la pronta solución de las discrepancias con la Contraloría General de la República, situación para muchos difícil de entender, pero que debiera, como resultado, mejorar los sistemas de control sin afectar la eficiencia en la gestión de la empresa.

Será también necesario resolver a la brevedad iniciativas legislativas en trámite que podrían afectar negativamente la inversión en minería, en la medida que no se cautele el necesario equilibrio entre medio ambiente y desarrollo, tales como la Ley de Glaciares y la exigencia del uso obligado de agua de mar.

Pero minería en Chile no es solamente cobre: también el litio presenta un gran potencial de crecimiento y agregación de valor, incentivado por el aumento proyectado de la demanda para la fabricación de baterías, tanto de almacenamiento de energías renovables como para vehículos eléctricos. Sin embargo, mantener su característica de recurso estratégico es un tema que debiera revisarse, como también resolver la controversia Corfo-SQM, ambas situaciones atentatorias para el desarrollo de este recurso en todo su potencial.

El logro que la minería haya sido incorporada a los programas de gobierno ha sido el resultado de considerar parte de las propuestas de la Comisión Nacional de Productividad, de Sonami y el Consejo Minero. Creemos que a ello también contribuyó la participación de los candidatos o sus representantes en el Foro sobre Política Minera realizado por la Asociación Gremial Voces Mineras en agosto pasado.

Sin embargo, no basta con que las medidas citadas estén en los programas de gobierno: hay que llevarlas a la práctica y asignarles los recursos necesarios para su cumplimiento y con ello contribuir a que la minería continúe generando los significativos recursos que Chile requiere.