Junto con establecer un nuevo marco institucional, posibilitando por ejemplo, la tramitación simultánea de autorizaciones sectoriales, la normativa introduce herramientas tecnológicas para modernizar los procesos.

A fines de septiembre fue publicada oficialmente la Ley que Establece un Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), más conocida como Ley de Permisos Sectoriales, que tiene por objetivo ordenar, estandarizar y coordinar la forma en que los órganos de la Administración del Estado tramitan las aprobaciones regulatorias necesarias para habilitar proyectos, con la idea de otorgar mayor certeza a titulares y comunidades, facilitar la inversión y elevar la transparencia en estos procesos.

Junto con establecer un nuevo marco institucional, la normativa introduce el uso de herramientas tecnológicas para modernizar la tramitación y el control de estos permisos.

Uno de los principales cambios que incorpora esta nueva ley es la posibilidad de que las autorizaciones sectoriales se tramiten en paralelo. La norma establece esta modalidad como regla general, de modo que ya no se exige que los permisos se gestionen de manera secuencial, salvo en aquellos casos en que la legislación sectorial disponga expresamente lo contrario.

La ley define técnicas habilitantes alternativas (THA), considerando el aviso y la declaración jurada como instrumentos que permiten iniciar actividades sin esperar un acto aprobatorio previo, bajo responsabilidad del titular y con posterior fiscalización. Además, reconoce el silencio administrativo y exige la notificación de resolución a más tardar al día siguiente de ser dictada.

También fija reglas mínimas de procedimiento para todas las autorizaciones: solicitudes digitales en formularios únicos, examen de admisibilidad formal cuando corresponda, pedidos de información complementaria fundados y acotados, coordinación de informes entre servicios y plazos máximos para resolver que varían según la tipología de la autorización. Si otro órgano no emite a tiempo un informe no vinculante, el servicio puede prescindir de él; y si el informe es vinculante, rigen reglas para presumirlo favorable.

Para reforzar la capacidad técnica y tiempos de respuesta, la ley faculta a los órganos del Estado a contratar, con límites y bajo control público, profesionales o entidades técnicas colaboradoras para tareas de apoyo, como mediciones, verificaciones o certificaciones, creando registros públicos de esos colaboradores con requisitos de idoneidad, inhabilidades, fiscalización y sanciones.

Desde el punto de vista institucional, se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, alojada en la Subsecretaría de Economía, con funciones de coordinar a los órganos, monitorear tiempos y cumplimiento de reglas, proponer mejoras, administrar la plataforma digital única, articular mesas regionales y apoyar iniciativas de inversión. Junto a ello, la ley establece un Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, integrado por subsecretarías clave, el cual fija acciones de coordinación, seguimiento y medidas transversales, incluyendo una estrategia de modernización. La Oficina actúa como secretaría técnica de este Comité y puede sugerir metas de gestión y estandarización.

Con el fin de impulsar la inversión, la normativa incorpora dos mecanismos:

1. Una tramitación “ágil” para iniciativas estratégicas que, tras un proceso anual de postulación y selección fundada, reduce a la mitad los plazos máximos de sus autorizaciones sectoriales, con seguimiento de la Oficina y equilibrio regional. En las municipalidades se habilita la solicitud de tramitación de urgencia.
2. Dispone un régimen de estabilidad regulatoria para iniciativas con Resolución de Calificación Ambiental favorable, de modo que las reglas técnicas aplicables a sus permisos no cambien durante la tramitación; y, si la evaluación ambiental aún está en curso, posibilita adherirse al régimen con efectos condicionados a la RCA favorable.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, la nueva ley permitirá una reducción de los plazos de tramitación entre un 30% y un 70%, dependiendo del tipo de proyecto.

Modernización

Como herramienta tecnológica, se crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (plataforma SUPER), para que toda la tramitación, notificaciones, certificados de silencio y publicidad activa se hagan en línea, con interoperabilidad de expedientes entre servicios, trazabilidad por fecha y hora, formularios únicos, acceso público a información no reservada y un canal reservado de denuncias para detectar cuellos de botella y malas prácticas. La plataforma tendrá reglamento y términos de uso, y la Oficina publicará informes periódicos de desempeño para promover mejoras y eventuales medidas disciplinarias cuando proceda.

Al menos cada tres años, los órganos deben diagnosticar sus permisos para simplificar, eliminar autorizaciones innecesarias, reemplazarlas por técnicas alternativas cuando el riesgo lo permita y ajustar procedimientos a criterios de no discriminación, necesidad, proporcionalidad, evaluación de riesgo, costo-efectividad y simplicidad. La Oficina fija lineamientos, programa los diagnósticos y publica informes y recomendaciones; el Comité incorpora estas medidas a una estrategia de modernización.

Puntos relevantes

Entre los aspectos más relevantes de la Ley de Permisos sectoriales se destacan:

• Técnicas habilitantes alternativas (THA): contempla su incorporación progresiva, entre las que se incluyen declaraciones juradas o avisos para reemplazar trámites tradicionales en casos de bajo o mediano riesgo. Estarán sujetas a fiscalización ex post.
• Procedimiento estandarizado: fija normas mínimas aplicables a procedimientos administrativos, incluyendo plazos máximos obligatorios para la Administración, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación.
• Silencio administrativo: los solicitantes podrán invocar el silencio administrativo cuando la Administración no resuelva dentro del plazo legal, dando por aprobado un permiso. No obstante, no es un principio universal, en las autorizaciones de disposición (uso de bienes nacionales o recursos naturales), de localización (instalación de obras o proyectos en un lugar específico) y profesionales (habilitación personal para ejercer actividades reguladas), el silencio será negativo y la falta de respuesta se entenderá como rechazo. También quedan fuera de esta regla permisos como los evaluados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o los vinculados a seguridad nacional.
• Ventanilla única digital: la plataforma SUPER centralizará todas las solicitudes de permisos sectoriales. Será la herramienta a través de la cual se solicite la certificación de plazos y confirmará los silencios administrativos cuando corresponda.
• Modernización institucional: crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. También impulsa mesas regionales, modernización continua de permisos y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.
• Régimen de estabilidad regulatoria: establece un régimen para proyectos sometidos al SEIA, que cuenten con RCA favorable, permitiendo que las autorizaciones sectoriales y técnicas habilitantes se rijan por las normas vigentes a la fecha de ingreso de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, hasta por 8 años.

Visión de expertos

De acuerdo con Jorge Mas, presidente de la empresa Mas Errázuriz y socio de Voces Mineras, si bien ésta puede ser una buena ley, “las simplificaciones que se quieren lograr podrían ser afectadas por los reglamentos que se dicten para las técnicas habilitantes alternativas y que las THA no se contrapongan con alguna ley del órgano sectorial”.

Asimismo, hace ver que esta normativa tiene una implementación paulatina y que será a lo largo de 2026, por lo que dependerá de las nuevas autoridades que lleguen a los distintos órganos sectoriales y de la composición del nuevo Parlamento.

Con todo, destaca, entre otros aspectos, la ventanilla única digital a través de la plataforma SUPER, que centralizará las solicitudes de permisos sectoriales, lo cual permitirá el control de plazos y los silencios administrativos.

Para Juanita Galaz, directora ejecutiva de la consultora MyMA y socia de VVMM, la publicación de esta ley marca un hito importante para la minería y los sectores productivos estratégicos del país. A su juicio, la modernización de la gestión pública, a través de la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión y del sistema SUPER como ventanilla única digital, podrían marcar un antes y un después en la tramitación de permisos.

Asimismo, valora la introducción de las denominadas técnicas habilitantes alternativas, previendo que en el sector minero esto pueda abrir una puerta interesante a proyectos menores, como sondajes o exploraciones tempranas, que hoy enfrentan una permisología desproporcionada.

Si bien opina que esta ley por sí sola no resolverá el histórico “cuello de botella” de la permisología, puede ser el impulso inicial para una nueva forma de mirar la regulación y el desarrollo de proyectos.