En una revisión de los programas y postulados de los ocho candidatos a la Presidencia de la República, para el periodo 2026-2030, extrajimos las medidas que directa o indirectamente impactarán el desarrollo de la minería en el país

Las siguientes son las principales ideas planteadas por cada presidenciable:

Eduardo Artés

• “Si Chile aspira a industrializarse, debe ser propietario de todas las riquezas de interés estratégico para la Patria. Como primera medida se (re)nacionalizarán aquellas empresas que explotan las fuentes de materias primas de importancia estratégica para el país que, como la gran minería del cobre, del litio, del hierro, del silicio y otras, estén en las manos de capitales extranjeros y de los monopolios internos, para, por esa vía, transferir la organización de la producción nacional de manos privadas (nacionales y extranjeras) a las manos del Estado. El cobre volverá a ser nuestro. Y con ello todas las riquezas de interés estratégico para el país”.

Marco Enríquez-Ominami

• Agenda pro crecimiento e inversión:

-Inversión estratégica de US$21 mil millones en trenes, puertos, vivienda y energía limpia.

-Oficina Nacional de Inversiones Productivas (ONIP): ventanilla única para aprobar proyectos en menos de 18 meses.

-Política Industrial Inteligente para fomentar litio con valor agregado, hidrógeno, acero verde, agroindustria y economía digital.

• Reforma tributaria verde, progresiva y pro-Pymes:

-Aumento de la carga tributaria en 3,5 puntos del PIB en 4 años (de 21,9% a 25,4%).

-IVA diferenciado: 0% para alimentos y libros, 15% para Pymes y 19% para grandes empresas.

-Incentivos tributarios para innovación, transición verde y empleo.

• Nuevo pacto productivo:

-Modernizar Codelco, garantizando la reinversión del 30% de sus utilidades, profesionalizando su gestión y a través de alianzas estratégicas con universidades.

-Enap como actor central de la transición energética y el hidrógeno verde.

• Promoción de Inversión Extranjera Responsable, por medio de una nueva ley marco de Inversión Extranjera Directa.

Jeannette Jara

• Aumentar la tasa de crecimiento de la inversión para alcanzar niveles, como porcentaje del PIB, cercanos al 30%.

• Implementar ley Marco de Permisos Sectoriales y un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos. Constituir en breve plazo la nueva oficina para agilizar procesos de inversión. Ventanilla única sólo con Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Sectorial, sin afectar el estándar regulatorio que protege a las personas y al medio ambiente.

• Plan de trabajo público-privado en cada región para identificar proyectos estratégicos (públicos y privados) para el desarrollo productivo y la empleabilidad de la región. Se impulsará la materialización de los proyectos priorizados, coordinando los esfuerzos de los organismos públicos existentes.

• Reducir el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión:

-Fortalecer los procesos de participación ciudadana temprana, de manera que las comunidades y actores relevantes puedan incidir desde el inicio en el diseño de los proyectos, evitando conflictos posteriores.

-Avanzar hacia la generalización de líneas de base públicas, para una mayor transparencia y certeza de los procesos.

-Eliminación de instancia política del Comité de Ministros.

• Agilizar la concreción de proyectos de inversión pública, mediante la adecuación de los procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), para evaluar cada proyecto de manera proporcional a su complejidad. Se modificarán las exigencias del SNI, ajustando el umbral de exención de evaluación ex ante de los proyectos según las características de la zona en que se realice la inversión; y simplificando los requisitos de información que deben entregar los proyectos de menor complejidad.

• Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos: que coordine y articule las inversiones públicas y privadas. Se trabajará con los equipos de seguimiento que existen en los Ministerios de Minería, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Economía, Fomento y Turismo, Ministerio del Trabajo, para la obtención de insumos y la resolución de cuellos de botella. Oficina también asesorará al Presidente/a de la República en la dictación de instructivos que promuevan tramitaciones prioritarias en los organismos del Estado.

• Atraer más inversión extranjera directa, impulsando alianzas con inversionistas internacionales en áreas donde el país sea competitivo.

• Foco en aumentar un 25% la cartera de inversiones (mineras) durante el período de gobierno, junto con colaborar con la industria minera para ejecutar los proyectos que permitan elevar un 10% la producción en cuatro años, alcanzando los 6 millones de toneladas. “Esto puede crear 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos y elevar las exportaciones en US$5.000 millones”.

• Énfasis adicional en la pequeña y mediana minería, para dinamizar empleo y economías locales.

• Impulsar la nueva fundición Hernán Videla Lira de Enami (Paipote), así como una fundición y refinería adicional al alero de Codelco.

• Acelerar la construcción de plantas desaladoras multipropósito –concesionadas y/o públicas– para consumo humano y uso productivo.

• Consolidar la creación de una Empresa Nacional del Litio, que genere valor agregado con empleos de calidad, investigación y ciencia.

• Elevar la producción de litio en un 30% y habilitar un aumento del 100% para la próxima década. Proyectos deberán materializarse lo antes posible para aprovechar la escasez inicial, cumpliendo con los mejores estándares ambientales.

• Potenciar el Instituto Nacional de Litio y Salares, fomentando la I+D aplicada, el encadenamiento con proveedores locales y la formación de capital humano, para reducir las brechas de valor y avanzar en el impulso de industrias en el norte del país, con foco inicial en la elaboración de componentes.

• Avanzar en la implementación de la protección de salares y lagunas andinas del país, fortaleciendo la Red de Salares protegidos.

Johannes Kaiser

• Plan nacional minero integrado, que busque transformar la riqueza minera del país en crecimiento de largo plazo.

• Acelerar drásticamente los permisos mineros, reduciendo los plazos de aprobación de permisos ambientales presentados ante el SEA y estandarizando las solicitudes presentadas, de acuerdo con tres estándares según tipo de proyectos y monto de inversión:

-Aprobación en un plazo máximo de 1 mes para proyectos de pequeña y mediana minería, de exploración y de ampliaciones menores de actividades mineras existentes hasta US$10 millones. Declaración Simple Ambiental (Estándar 1).

-Aprobación en hasta 3 meses para proyectos de inversión nuevos o ampliaciones desde US$10 millones hasta US$500 millones. Declaración Impacto Ambiental (DIA) (Estándar 2).

-Aprobación en máximo 6 a 9 meses para proyectos mayores a US$500 millones y/o con sinergias significativas con otros sectores económicos. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (Estándar 3). Estos proyectos deberán presentar boleta de garantía de cumplimiento de la RCA, equivalente al menor valor entre 5% de la inversión o US$50 millones, y plan de apoyo al desarrollo regional.

• Integrar y simplificar la participación a los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental (OAECAs) en el SEIA.

• Fortalecimiento Jurídico de la RCA:

-La RCA deberá ser emitida dentro de los plazos indicados. Este plazo no se podrá interrumpir y se fortalecerá su certeza jurídica.

-Los Tribunales Ambientales, la Corte Suprema u otros organismos públicos no podrán invalidar lo establecido en la RCA. Las reparaciones y mitigaciones que se establezcan después de emitida la RCA serán con cargo a las boletas de garantía presentada por los titulares.

• Eliminar las trabas ideológicas en la legislación, como los Consejos de Ministros, referencias al cambio climático y a pueblos indígenas, incluyendo referencias al Tratado de Escazú y OIT 169.

• Nombramiento de Coordinador de Desarrollo de Grandes Proyectos para agilizar procesos de aprobación de iniciativas de más de US$500 millones.

• Ventanilla Única que integre trámites dispersos en diversas instituciones, incluyendo la obtención de patentes mineras, autorizaciones ante organismos como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Municipales y el SEA.

• Creación de un fondo soberano minero como mecanismo de ahorro y capitalización de largo plazo de los recursos fiscales derivados de la minería.

• Reemplazo del actual royalty minero, implementando un cobro ad valorem de 3,5% del valor de las exportaciones, aplicado a todas las exportaciones mineras (no solo al cobre). Un 70% de la recaudación de este royalty se destinará al fondo soberano minero. A través de esta modalidad se recaudaría US$1.600 a US$1.900 millones al año.

• Auditoría estratégica a Codelco en los primeros seis meses de gobierno, la cual abarcará los últimos diez años. Se revisarán inversiones, contratos, servicios, alianzas y desempeño de empresas relacionadas. Además, se evaluarán nuevas estructuras, participación de capital privado, prescindencia de pertenencias mineras, y/o venta de activos no esenciales.

• Plan de alianzas internacionales para:

-Fortalecer la pequeña y mediana minería y la exploración, para que amplíen su presencia en los mercados nacionales, regionales e internacionales.

-Desarrollo de proveedores y servicios mineros que busquen establecerse en Chile y expandirse hacia otros países de América Latina.

-Impulsar sectores relacionados como energía e infraestructura.

-Promover la I+D, aumentando las oportunidades de colaboración internacional entre universidades y centros de investigación.

-Establecer convenios de cooperación con regiones mineras internacionales.

-Mayor movilidad de profesionales y trabajadores del sector minero.

• Incentivar la participación e inscripción en el mercado de capitales chileno de: pequeñas y medianas empresas, juniors y de exploración con operaciones en Chile y Latinoamérica; empresas mineras con actividad productiva en Chile; inversionistas interesados en adquirir participaciones en el sector minero de Latinoamérica; empresas proveedoras de servicios mineros. Se exigirá que los proyectos mineros nuevos a gran escala se inscriban en el mercado bursátil chileno.

• Reestructuración de Enami para consolidar su rol como comprador y procesador de minerales provenientes de la pequeña y mediana minería, transfiriendo sus competencias de fomento a una entidad especializada. Plan para procesar minerales previamente extraídos y en stock, y otro para licitar pertenencias y propiedades mineras.

• Plan de fomento para la pequeña y mediana minería, que incluirá la eliminación del cobro de patentes mineras a la pequeña minería, la agilización de la tramitación de permisos, incentivos para cotizar en la bolsa de comercio y desarrollo de un mercado nacional secundario de maquinaria minera.

• Nuevo sistema de concesiones para desarrollo del litio y otros minerales, que implique:

-Reducir o eliminar la intervención directa del Estado en la producción del litio, enfocándose en su rol de regulador y fiscalizador, maximizando la captación de rentas mediante impuestos y royalties.

-Revertir los actuales acuerdos de la Estrategia Nacional del Litio.

• Redefinir los objetivos institucionales del Ministerio de Minería, Cochilco y Sernageomin para convertirlos en agencias impulsoras del crecimiento minero privado.

• Medidas tributarias:

-Reducción del impuesto corporativo del 27% actual a un rango de 12,5% a 15%.

-Depreciación Instantánea y acelerada, aplicable en un plazo de 3 años para favorecer la amortización de activos estratégicos.

-Mantención del Impuesto Adicional: 35% (withholding tax), en línea con tratados internacionales.

-Invariabilidad tributaria garantizada por un período de 50 años.

José Antonio Kast

• Acelerar el crecimiento hasta 4% durante su administración y revertir la caída del crecimiento tendencial.

• Terminar con la burocracia y el obstruccionismo. Se tomarán medidas administrativas y legislativas para reemplazar la “pitutocracia” y el obstruccionismo que frena las inversiones, por un sistema eficiente y responsable con el medio ambiente.

• Batería de reducciones tributarias que promuevan el empleo y la inversión, así como medidas para dinamizar y profundizar el mercado de capitales.

• Facilitación regulatoria:

-Eliminar regulaciones innecesarias, aplicar en forma moderna y criteriosa las normas existentes y dictar las que sean necesarias para fomentar la inversión.

-Solucionar trabas y obstáculos regulatorios administrativos que existen a nivel local.

-Mayor eficiencia en la tramitación de permisos ambientales, para lo cual derogarán, modificarán y dictarán nuevas guías e instructivos para dar certeza jurídica a todos los actores del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

-Reforzar técnicamente la toma de decisiones de las regiones por medio de una “Fuerza de Acción Inmediata” que procese fluidamente el incremento de inversión que se prevé.

-Modernización de la institucionalidad ambiental, buscando dar mayor preponderancia al componente técnico y mejores herramientas que prioricen el cumplimiento ambiental.

• Cambios al régimen tributario:

-Rebaja de la tasa de impuesto corporativo efectiva del actual 27% al 23% para empresas medianas y grandes. Disminución hasta una tasa de 20% promedio para las empresas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad.

-Retomar paulatinamente la integración tributaria e impulsar una estricta fiscalización de la evasión.

-Nuevo estatuto de inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas que realicen grandes inversiones, y especialmente que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano.

• Fomento a la exploración e innovación minera creando un repositorio digital de información geológica y mejorando el sistema actual, para un acceso público, fácil y efectivo a información relevante.

Evelyn Matthei

• Meta de crecimiento de 4% al cuarto año de gobierno: ley corta para bajar impuestos, reducción drástica del gasto fiscal, reformar al sistema de permisos y apoyo al emprendimiento y la innovación.

• Sistema tributario más competitivo y estable, que fomente la inversión y el crecimiento:

-Bajar inmediatamente el impuesto corporativo al promedio de la OCDE (23%), con la meta de llegar al 18% en 10 años. Adicionalmente, rebajar el impuesto a las Pymes al 10%.

-Regresar a un régimen integrado de impuesto a la renta para incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades, sujeto a la sostenibilidad fiscal.

-Establecer contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para atraer grandes inversiones.

• Eliminar la “permisología” para que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión, el empleo y el desarrollo:

-Racionalizar el sistema de permisos sectoriales, disminuyendo la discrecionalidad, simplificándolo y adecuándolo a un ecosistema full digital.

-Marco de invariabilidad regulatoria para dar certeza a los proyectos ya ingresados.

-Unidad instalada en la Presidencia estará a cargo de establecer fast tracks para proyectos de gran envergadura (US$100 millones o más), con el fin de destrabar cuellos de botella en entidades clave. Se comenzará con una cartera priorizada de 30 proyectos de infraestructura, considerando su relevancia para la comunidad local y su impacto al desarrollo y empleo regional.

-Fortalecer la institucionalidad del SEA, dotándolo de autonomía y rigor técnico, y se simplificarán los procesos. Se agilizará la justicia ambiental y se exigirá más transparencia a las ONGs. Además, se reformará el Consejo de Monumentos Nacionales para simplificar y acelerar los permisos.

• Desarrollo de sectores estratégicos, incluida la minería:

El Estado actuará como facilitador, simplificando permisos y regulaciones. En particular, se modernizará la DGA, se acelerarán los tiempos para concesiones mineras y modificarán la ley Lafkenche.

• Estrategia Nacional de Minerales Críticos centrada en el cobre y el litio:

-Se propondrá la concecibilidad del litio. Se habilitarán licitaciones simples, aumentarán cuotas en contratos existentes y ampliarán la entrega de CEOLs.

-Oficina de Proyectos Estratégicos, para permisos más ágiles y certezas tributarias

-Mega barrio industrial ecológico para procesar minerales y generar infraestructura que aumente el valor en la cadena productiva.

-Fomento a la tecnología y el desarrollo de capital humano especializado, impulsando la formación en nuevas tecnologías y la participación femenina.

Harold Mayne-Nicholls

• Recuperar la inversión y el crecimiento económico: dar certezas a los inversionistas nacionales, garantizando seguridad jurídica, respetando estrictamente el Estado de Derecho, los contratos y la propiedad privada, eliminando cualquier ambiente de arbitrariedad.

• Mantención de reglas claras: impuestos estables y equitativos, regulaciones transparentes, para que el clima de negocios sea estable.

• Reforzar InvestChile para que se convierta en una aceleradora de grandes proyectos estratégicos, reduciendo la “permisología” excesiva, sin saltarse evaluaciones ambientales, pero agilizando los permisos, dando certeza tanto a inversionistas como a ciudadanos.

• Compromiso para que ningún proyecto de inversión productiva se entrabe en burocracia:

-Seguimiento mensual de proyectos de mayor envergadura.

-Ventanilla única digital nacional con trazabilidad pública, plazos perentorios y responsabilidad directa de cada institución.

• Fortalecimiento de la minería como motor estratégico del desarrollo nacional:

-Agenda integral que promueva la sustentabilidad, innovación y dinamismo regional.

-Fomento al desarrollo de proyectos con bajo impacto ambiental y fuerte compromiso social.

-Acelerar procesos de aprobación mediante mecanismos de decisión ágil.

-Dar el salto desde la exportación de materias primas hacia la manufactura de cobre de alto valor agregado, transformándose en un polo global de innovación y empleo.

-“Royalty por Innovación”, que incentive a las mineras a invertir en plantas y tecnología para producir bienes elaborados, especialmente para la transición energética, la electromovilidad y la economía digital.

-Estrategia agresiva para atraer a los principales fabricantes mundiales de baterías, componentes electrónicos y vehículos eléctricos a instalarse en Chile.

-Protección de nuestras riquezas mineras, modificando la actual regulación que permite que se exporten algunos elementos (paladio, renio, cobalto, platino, etc.) sin pagar impuestos. “Chile debe cobrar por todo lo que sale desde nuestra tierra”.

-Facilitar la adopción de nuevas tecnologías a través de plataformas de validación técnica a escala real.

-Consolidar una cartera robusta de proyectos de mediana minería, priorizando iniciativas que generen encadenamientos productivos, diversifiquen la oferta exportadora y contribuyan a la transición energética global, en la que el cobre jugará un rol insustituible.

-Ecosistema público-privado que potencie la pequeña y mediana minería, reconociendo su aporte al empleo y a la economía territorial. Esto incluye beneficios tributarios diferenciados, acceso preferente a instrumentos de financiamiento e incentivos para la formalización y el cumplimiento ambiental.

-Acciones de apoyo para la mediana minería, con capacidades técnicas y de fomento, capaz de articular políticas de innovación, infraestructura compartida y desarrollo de capital humano.

-Establecimiento de Centros de Excelencia en Metalurgia y Materiales Avanzados.

-Programa Nacional de Talentos para la Minería del Futuro.

• Protección estricta del medio ambiente y sanciones ejemplares. Se fortalecerá la institucionalidad ambiental para que el crecimiento económico no sea a costa de la naturaleza. Se dotará de más recursos y facultades a la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar eficazmente proyectos industriales, mineros y sanitarios. Se aplicarán multas severas a quienes dañen ecosistemas.

• Defensa de glaciares y reservas de agua. Se actualizará la normativa de evaluación ambiental para incorporar de mejor manera los impactos acumulativos y el cambio climático como contexto. Todo esto, con el enfoque de que “el que contamina, paga, y el que destruye, paga y repara”.

• Impulso decidido a la desalinización de agua de mar para zonas costeras y mineras. Se exigirá a la gran minería un porcentaje creciente de agua desalinizada en sus procesos.

• Instalación de “Centros de Competitividad Territorial (CCT)” adaptados a la identidad de cada región, para ocuparse del desarrollo integral e inclusivo de todas las zonas donde se aplique. La idea es constituir una entidad que acompañe las estrategias regionales de desarrollo

Franco Parisi

• Litio: se evaluará modificar el DL N° 2886 para permitir la concesión condicionada o ampliar el uso de CEOL, buscando establecer una base porcentual de participación accionaria estatal en sociedades mixtas. Junto a ello, se buscará potenciar la inversión en refinamiento, reciclaje y desarrollo tecnológico para ir a un desarrollo basado en el valor agregado del commodity.

• Reconversión laboral y educación continua para trabajadores de la minería, a través de:

-La creación de programas de subsidio directo para trabajadores mineros que necesiten reconvertir sus habilidades.

-Plataforma pública online de educación continua, en colaboración con empresas mineras y casas de estudio, que ofrezca cursos y certificaciones online en temas como ciberseguridad industrial, big data en minería o mantenimiento predictivo.

• Fondo Estratégico de Innovación Minera Público-Privado, para financiar colaborativamente proyectos de I+D de alto impacto en áreas clave como:

-Eficiencia hídrica: nuevas tecnologías de desalinización, uso de aguas no convencionales, y procesos de lixiviación que requieran menos agua.

-Eficiencia energética y descarbonización: desarrollo de soluciones para la electrificación de equipos, uso de hidrógeno verde, integración de energías renovables en las faenas.

-Minería sostenible: tecnologías para la economía circular (reutilización de relaves), monitoreo ambiental avanzado, desarrollo de nuevos materiales.

• Panel de expertos y actores de la industria para definir un portafolio de desafíos-país específicos y orientar los esfuerzos de investigación. Un porcentaje de los ingresos del royalty minero se destinaría directamente a su financiamiento.

• Fortalecer los Centros de Excelencia en Minería:

-Aumentar el financiamiento basal para centros como el Advanced Mining Technology Center (AMTC) y otros centros especializados en regiones mineras.

-Exigir a estas entidades que sus proyectos de investigación estén directamente vinculados a los desafíos país definidos.

• Mejorar incentivo tributario a la I+D: se revisarán y simplificarán los mecanismos de la ley para hacerla más accesible, especialmente para pequeñas y medianas empresas proveedoras de la minería. Se buscará aumentar el porcentaje de deducción tributaria para proyectos que se alineen con los desafíos estratégicos del sector.

• Sistema de “Sandboxes Regulatorios” para la minería, o espacio controlado donde las empresas pueden probar nuevas tecnologías sin tener que cumplir inmediatamente con toda la regulación vigente, bajo la supervisión de un ente público que monitoree la seguridad y los impactos. Sernageomin, en colaboración con los ministerios de Minería, Medio Ambiente, Ciencias y Tecnología, más Establecimientos EMTP, Universidades, CFT, IP, y empresas, crearían este espacio muestral de pruebas.