La industrialización del Litio
La definición e implementación de una Política de Industrialización en Chile debe trascender los gobiernos de cuatro años y convertirse en una Política de Estado, de modo de viabilizar el avance hacia un país más competitivo.
Por Irene Astudillo, socia de Voces Mineras A.G.
En marzo de 2018 se anunciaba que para 2021 el grupo compuesto por las surcoreanas Posco y Samsung SDI construiría una planta de cátodos en Chile, en el marco del proyecto de baterías de litio que le adjudicó Corfo. A este consorcio se suman Molymet Chile y el grupo chino Sichuan Fulin Industrial Group, que en su conjunto invertirían más de US$750 millones en el país, utilizando litio suministrado por Albermale a un precio preferencial.
Este anuncio se fortaleció en febrero de 2019, cuando Sebastián Sichel, entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, anunció que se había llegado a un acuerdo con Albemarle Corp. para el cálculo de dicho precio preferencial. Más aún, indicó que fabricantes de baterías como Samsung SDI y Posco comenzarían a instalar plantas de procesamiento de litio en el país a fines del año en curso.
Sin embargo, a sólo cuatro meses de este anuncio, la surcoreana Posco se retiró del proyecto en Chile para fabricar partes de baterías para autos eléctricos, dado que su planta requiere hidróxido de litio, una variedad cada vez más demandada por los fabricantes de baterías de autos, pero que Albemarle no produce en Chile.
Albemarle y el gobierno chileno firmaron en 2016 un acuerdo que le permite a dicha compañía triplicar su producción de litio, lo que es de vital importancia para las baterías de automóviles eléctricos. Pero el acuerdo requiere que la empresa reserve hasta un 25% de su producción para compañías que buscan construir baterías o sus partes en Chile. Sin embargo, el contrato no especifica si Albemarle debe producir carbonato de litio o hidróxido de litio en sus instalaciones. Albermale a la fecha produce carbonato de litio y ha declarado no tener planes de producir hidróxido de litio en Chile.
Esta sucesión de hechos se da en el esfuerzo de modernizar la política nacional sobre el litio, elevar la producción y desarrollar una industria de valor agregado, en un contexto en que el país posee los mayores recursos de litio del mundo, cuya demanda creciente está asociada a la futura demanda mundial de vehículos eléctricos. Obviamente el anuncio de Posco es un revés en esta “política de industrialización”.
Paralelo con Argentina y Australia
Este desafío de generación de productos de valor agregado a partir de litio no es sólo el empeño de nuestro país, sino que también de nuestros vecinos Argentina y Bolivia, países que también poseen reservas relevantes a nivel mundial y que han implementado estrategias bastante diversas. A la fecha, pareciera ser que Argentina lleva el liderazgo con su proyecto en Jujuy.
De acuerdo con el informe “Litio en la Argentina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2019, las reservas de litio en ese país representan un 13% de las reservas mundiales; mientras que la producción local del mineral es de 30.400 toneladas al año, lo que convierte a Argentina en el tercer mayor productor de litio del mundo. El estudio coincide en que el litio en el país se concentra en Catamarca, Jujuy y Salta.
A principios de junio del presente año, en la provincia argentina de Jujuy se dio inicio a la construcción de la primera planta de fabricación de baterías de iones de litio de Sudamérica. La empresa funcionará en el Parque Industrial de Perico y estará gerenciada por la firma Jujuy Litio, que asocia a Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la italiana SERI.
El Grupo SERI tendrá una participación en el proyecto del 40%, y el Estado, a través de Jemse (Jujuy Energía y Minería), el 60 % restante[1].
Las etapas del proyecto contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medio ambiente.
SERI es una compañía italiana que tiene una larga trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa, y su posicionamiento le permitirá tener mayor exclusividad que los países asiáticos a la hora de ingresar las baterías a la Unión Europea. Así, SERI contribuye a la alianza con capital, conocimiento técnico especializado y acceso a mercados.[2]
¿En qué se diferencian la estrategia de Jujuy y de Chile respecto a la industrialización del litio?. Las estrategias seguidas por ambos países se diferencian en varios aspectos:
- Encadenamiento productivo: Argentina ha implementado la integración total de la cadena de producción, en donde al recurso que tiene el país se suma todo el encadenamiento productivo de su socio SERI. Chile, por el contrario, en su estrategia fracciona el encadenamiento productivo dejando que la extracción sea un negocio independiente del futuro encadenamiento productivo, que empresas como Posco y Samsung SDI prometían aportar. Los incentivos y convergencia de intereses en el éxito del negocio difieren sustantivamente en uno y otro caso.
- Los incentivos a la inversión: Chile estableció una estrategia en donde las empresas como el consorcio Samsung SDI y Posco podían optar a un precio de litio más barato que en el mercado, mejorando así la rentabilidad del futuro negocio de generación de partes de baterías de litio. Argentina, en específico Jujuy, definió ser socia mayoritaria a través de la empresa estatal Jemse, de modo de reducir el riesgo de la inversión del privado al compartir el Estado el riesgo del negocio.
- Retorno esperado: ambas estrategias esperan generar empleo más calificado, así como investigación y desarrollo en sus respectivos Institutos del Litio. Sin embargo, en el caso argentino se suma que el Estado es partícipe directo del negocio con la propiedad del 60% de la nueva empresa, accediendo así al beneficio económico directo que ésta genere, y aún más, al control de la misma mediante su participación mayoritaria. Por otra parte, Chile cobra un “royalty”, el cual tiene dos componentes: uno basado en ventas, y otro consistente en un pago anual según margen operacional.
Todos los anteriores elementos forman parte de una Política de Industrialización, en donde es crucial lo que un país defina, ya que puede llevar a caminos muy distintos en el desafío de aumentar la competitividad y llegar a ser algún día un país desarrollado. No hay que olvidar que el último reporte de competitividad da cuenta que Chile no logra repuntar, situándose en el lugar número 42 del ranking elaborado por el IMD con base en el análisis de 63 países. En los últimos 20 años, ésta es la posición más baja que el país ha tenido.
En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión de cómo superar el estancamiento de nuestra economía. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo. Es así que este país tiene el Ministerio de Industrias, Innovación y Ciencia, bajo cuyo alero existen centros como el conocido Csiro y la Agencia de Geociencia, a los que se suman organizaciones como el “Australian Qualifications Framework”, donde se definen los estándares para la educación calificada en Australia, la que comprende la educación terciaria con diplomas, certificaciones, masters y doctorados, potenciando así la alineación entre las necesidades de la industria, la formación académica y la investigación, desarrollo e innovación.
¿Es la industrialización el camino correcto?
Asimet ha hecho un fuerte llamado a desarrollar políticas de industrialización. Su presidente, Dante Arrigoni, ha señalado que la re-industrialización es la única solución para que Chile sea un país desarrollado y que no siga a la baja en la producción del sector metalúrgico-metalmecánico. A mediados de los ‘90 la manufactura daba cuenta de cerca del 17% del PIB, actualmente no supera el 10%.[3] Este llamado ha tomado adherentes como el Consejo Minero, quienes junto a Asimet han comprometido para agosto la entrega al gobierno del “Plan Industria 4.0”.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, ha señalado que la Industria 4.0 es un tema de Estado, que involucra a toda la sociedad, no es solo un asunto que atañe a las empresas o a una élite académica. La industria 4.0 impacta de manera transversal a todas las personas y, por lo tanto, debe ser tratada como un asunto de Estado, pues de no abordarla con la urgencia que merece, será toda la sociedad la que se quedará atrás”. [4]
Es de esperar que la propuesta “Plan Industria 4.0” en elaboración por parte del Consejo Minero y Asimet, la cual será entregada al gobierno en agosto del año en curso, sirva para abrir la discusión orientada a definir una Política de Industrialización de Chile, la cual debe transformarse en una Política de Estado, cuya definición e implementación trascienda los gobiernos de cuatro años, de modo hacer realmente viable avanzar hacia un país más competitivo.
[1] https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/construyen-en-argentina-la-primera-fabrica-de-baterias-de-litio-de-sudamerica
[2] https://www.seri-industrial.it/index.php/equity-research?view=download&id=1001
[3] http://www.adnradio.cl/noticias/economia/asimet-y-formacion-de-tecnicos-en-chile-hay-una-brecha-entre-lo-que-aprenden-y-lo-que-se-necesita/20180727/nota/3779174.aspx
