El consultor fue uno de los expositores del foro “Nuevo Royalty a la Minería”, organizado por Voces Mineras. A su juicio, lo que hay que hacer es revisar la ley de concesiones mineras.

Sin manifestar desacuerdo con los términos generales de la moción parlamentaria que se discute en el Senado, y concordando con el fondo de la iniciativa de compensar al Estado por la explotación de recursos minerales que hoy entrega bajo la modalidad de concesión –virtualmente a costo cero, dijo– el consultor Juan Medel Fernández, quien fue vicepresidente de Servicios Compartidos y gerente general de dos divisiones de Codelco, sostuvo que el proyecto de ley debe mirarse con cautela respecto de la progresividad que plantea en función del precio del cobre, toda vez que su aplicación en los términos propuestos significaría una carga tributaria efectiva que afectará la competitividad de la industria minera de Chile.

“En efecto, la compensación genérica definida, si no se acota superiormente (a lo sumo a un 50% de carga tributaria efectiva resultante para cada empresa), no estaría tomando en consideración las características particulares de un yacimiento, de su mineral y de los costos de producción que tiene cada minera, particularmente aquellas de estrechos márgenes operacionales”, opinó Medel, quien participó como expositor en el foro “Nuevo Royalty a la Minería”, organizado por Voces Mineras.

El tema, dijo, está en cómo hacer que el Estado participe de la renta minera, lo que a su juicio, no se logra a través de impuestos.

Medel hizo ver que no está claro –porque la iniciativa no lo especifica– si el proyecto de ley en trámite viene a reemplazar o complementar el Impuesto específico a la Minería (IEAM), el cual calificó como de bajo rendimiento relativo: “Según la información pública disponible, en la década 2011-2020 la recaudación por el IEAM alcanzó a US$2.800 millones desde la minería privada, un 10% de los impuestos totales pagados por dichas mineras”.

Respecto de la compensación sobre el valor ad valorem que establece la moción, el consultor señaló que su trazabilidad y auditabilidad resulta más simple para el Estado y los fiscalizadores; sin embargo, la progresividad de la tasa –que aumenta con el precio– resulta ser demasiado alta. “Si se calcula para empresas mineras que tienen costos de operación superiores al 50-60% de sus ingresos, van a pagar impuestos sumamente altos. Creemos que no es adecuado lo que se está proponiendo, la carga tributaria global efectiva nunca debiera superar el 50%”, aseveró.

En ese sentido, sugirió –y así lo recomendó en el informe que presentó al Senado–hacer un benchmarking de la carga tributaria global que tienen otros países mineros, “para que Chile no pierda competitividad”.

Asimismo, insistió en que la compensación debe ser diferenciada, de acuerdo a la realidad de cada operación. “Hay empresas mineras que están en el tercer cuartil de costos, para las que el royalty que se propone les significaría pagar impuestos enormes y probablemente las obligaría a cerrar”, manifestó.

Foco en la renta

Junto con reconocer que el modelo de concesiones permitió una expansión relevante de la producción de cobre en Chile en las últimas décadas, Juan Medel expuso que, a partir del análisis que realizó junto al también consultor Héctor Espinoza, “las principales empresas mineras generan altas rentas que exceden una rentabilidad razonable sobre los patrimonios invertidos”. En esa línea, planteó que el foco debe estar en “cómo el Estado participa de rentas mineras cuando tiene yacimientos tan ricos y cuyo valor mediante el sistema de concesiones no se ha logrado captar”.

Para graficar esta situación, comparó los estados de resultados agregados históricos de Codelco y Escondida para el periodo 1991-2020 (en moneda de 2020), que con resultados antes de impuestos de US$91.441 millones y US$77.434 millones respectivamente,  al descontar los impuestos a la renta, más ley reservada en el caso de la estatal y por rentas y adicional por las remesas de dividendos al exterior en el caso de la segunda, y descontando la rentabilidad sobre el patrimonio (estimada en 15%), la Corporación obtiene una renta minera de US$3.780 millones, mientras la de la empresa privada asciende a US$31.073 millones.

“Pero no se puede pretender capturar la renta minera a través de impuestos, como lo establece el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, porque nos deja fuera de competitividad entre los países mineros. La renta minera no se captura mediante el pago de un royalty, sino siendo parte de la composición de la empresa, como lo hizo Enami con Quebrada Blanca”, postuló Medel.

A su juicio, lo que hay que hacer es revisar la ley de concesiones mineras en los casos de empresas de alta renta minera y con evidente rentabilidad y recuperación de toda su inversión. “Amerita que veamos la forma de valorizar el mineral y aportarlo al patrimonio empresarial como participación del Estado. No puede ser que en la evaluación económica de todos estos proyectos mineros el principal concepto que es el yacimiento, se valore a precio cero”, señaló.

Consultado al respecto, Medel sostuvo que no se pretende revertir lo hecho hacia atrás en relación a la renta minera, tampoco “se trata de hacer nuevos Codelco ni meternos en la administración de las grandes empresas, sino en cómo hacemos que el Estado tenga una retribución ricardiana más acorde”.

Los detalles de la presentación de Juan Medel los puede revisar aquí: