El 66,6% de los consultados respondió que la tramitación de permisos para proyectos de inversión mejorará en forma moderada, mientras el 33,3% estimó que no cambiará.

En plena discusión sobre el impacto que tiene la denominada permisología en el crecimiento económico y la inversión, expertos vinculados a la industria minera evaluaron si habrá o no una mejoría en la tramitación de permisos, considerando los proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que apuntarían a agilizar estos procesos.

A través de la Encuesta de Voces Mineras 2025, socios de la agrupación gremial y otros ejecutivos y especialistas del sector opinaron al respecto. Ante la consulta de si la permisología mejorará sustancialmente, moderadamente o no habrá cambios, el 66,6% de los encuestados respondió que mejorará en forma moderada, mientras el 33,3% estimó que no cambiará.

Actualmente en el Congreso se tramitan distintos proyectos de ley con los que se espera acelerar los procesos para autorizar las inversiones en el país. Uno de ellos es el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que crea un sistema inteligente de permisos, además de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), e iniciativas relacionadas con la Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, y la de Patrimonios Culturales.

Opiniones

En relación a la consulta, los encuestados plantearon diversos argumentos para estimar que la situación mejorará moderadamente. Entre ellos: que se aproxima un período eleccionario; que existe “tozudez de los responsables en no querer modernizar el modelo burocrático planteando cambios insuficientes”; que “en el gobierno no existe interés por que se desarrolle la industria minera”; “hace falta un cambio de política del Estado, que apoye en forma efectiva y eficiente a los inversionistas y las empresas constructoras y operadoras”; “es necesaria otra visión que tenga el objetivo de atraer nuevos proyectos y los capitales para financiarlos”; “hay demasiados intereses de ONG, consultores, etc. que han vivido de esta burocracia”.

Asimismo, se señaló que “la permisología debería mejorar sus plazos marginalmente tras la aprobación de la nueva ley, pero la judicialización seguirá igual o peor”, y que ejemplo de eso es el caso de Dominga.

Entre aquellos que opinaron que no habrá cambios, argumentaron, por ejemplo, que es difícil que con el actual gobierno la situación mejore, “dado que no se respeta la opinión de los expertos y como sistema público no se tiene (o no se usan) mecanismos para corregir (o penalizar) ineficiencias que redundan en alargar plazos”. Además, se planteó que predomina un enfoque ideológico sobre lo técnico.