En el foro realizado por Voces Mineras, el abogado planteó una serie de propuestas para dinamizar este sector, sobre el cual dijo que “tenemos un gran tesoro, pero si lo seguimos guardando, va a estar obsoleto”.

Como académico y abogado especialista en Minería, Cristián Quinzio fue miembro de la Comisión Nacional del Litio que se creó en 2014. En el foro organizado por Voces Mineras, el profesional abordó el marco legal que regula la explotación de esta sustancia en el país, el cual calificó como “bastante peculiar” y que a su juicio ha traído más problemas que beneficios.

“El gran talón de Aquiles que ha tenido el aumento de la producción de litio en Chile en otros salares que no sean el salar de Atacama, ha sido la regulación legal”, sentenció, instando a revisar la normativa y buscar vías que permitan al país participar del boom del litio, “pero no sólo como productor, sino también haciendo crecer la industria de I+D y los encadenamientos productivos”.

En una mirada a la historia de la regulación del litio (Li), el abogado planteó que se distinguen dos periodos: uno que va de 1932 a 1980 y otro desde 1980 hacia adelante. En el primer caso, el litio era tratado como una sustancia metálica concesible. En cambio, y conforme a la legislación actual –contenida en la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Minería–, el Li es un mineral no concesible. Además, se requiere la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) para celebrar actos jurídicos respecto al Li extraído.

En ese contexto, Quinzio hizo ver que las explotaciones de Li que existen hoy en Chile se sitúan en el Salar de Atacama, particularmente en pertenencias mineras que fueron constituidas por la Corfo antes de la declaración de no concesibilidad de 1979. En un caso, las aportó a la Sociedad Chilena del Litio, hoy Albemarle; y en el otro, lo hizo a través de la empresa Minsal para, en ese entonces, un proyecto de sales potásicas, que hoy tiene como titular a SQM. Estas pertenencias son de litio concesible, vale decir, excluido de la reserva legal. “¿Qué explotación hay en Chile de litio inconcesible, reservado al Estado? Ninguna hasta el día de hoy”, apuntó.

Para el abogado, un actor relevante en este sector es la Cchen, que a la fecha ha entregado sólo ocho autorizaciones, “pero su impulso de regular va más allá de las facultades que tiene la Comisión, que está extendiendo su autoridad para entregar visto bueno para producir litio, una atribución que no tiene en su ley orgánica”, indicó.

Como hitos relevantes acontecidos en esta industria, Quinzio destacó la licitación internacional convocada en 2012 por el Ministerio de Minería para el aprovechamiento de 100.000 ton de litio metálico (o su equivalente hasta por 20 años), la cual fue declarada desierta, luego que la empresa a la que se había adjudicado (SQM) fuera descalificada ante la presentación del Consorcio Posco-Mitsui-Li3. Asimismo, mencionó la creación de la Comisión Nacional del Litio (CNL) en 2014 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuyas recomendaciones de política nacional se entregaron en enero de 2015.

Propuestas

El abogado sostuvo que la Comisión Nacional del Litio entregó una propuesta de política pública consistente y, en línea con ella, posteriormente se creó el Comité de Gobernanza de Salares, que entró en funcionamiento en 2016. En su presentación, propuso aprovechar el trabajo hecho por ambas instancias.

“Tenemos un gran tesoro, pero si lo seguimos guardando, va a estar obsoleto”, señaló, tras lo cual planteó sugerencias para optimizar el desarrollo de esta industria:

– Dictar una ley que regule la gobernanza de los salares, con una institucionalidad bajo el alero del Ministerio de Minería.

– Que esa misma ley cree la Empresa Nacional del Litio, concebida como una empresa pública cuyo foco no esté en la producción, sino en ser el motor que impulse alianzas público-privadas para el desarrollo de nuevos proyectos de Li en el corto plazo.

– Hacer obligatoria la entrega de toda la información que se tenga de recursos en salares al Estado, para que éste la pueda procesar.

– Dar un plazo de tres años para materializar las primeras alianzas público-privadas para aprovechar litio en otros salares distintos al Salar de Atacama.

– Revisar y unificar las autorizaciones de la Cchen, y referirlas exclusivamente a la celebración de actos jurídicos sobre litio extraído. “Que sus autorizaciones vayan de la mano con la política que fije el Comité de Gobernanza de Salares o la institucionalidad que se cree”.

Como ejes, Quinzio postuló que la regulación no sólo se refiera a la explotación de litio, sino a la explotación de los salares, reflotando el Comité de Gobernanza de los mismos; y que los salares sean considerados en su conjunto, dada su condición de sitios de alta fragilidad.

Asimismo, opinó que es fundamental contar con la presencia del Estado no sólo para captar valor, sino también para crear un clúster de calidad. “No pretendamos producir baterías en el corto o mediano plazo, no va a ser posible. Pero sí puede ser que quienes exploten los nuevos desarrollos de litio tiendan a no utilizar agua en su extracción. Debería ser una política pública exigir que así se haga”, aseveró.

Repase aquí la presentación del abogado Cristián Quinzio: