El profesional pone sobre la mesa el trabajo realizado por la Comisión Nacional del Litio, que hizo una propuesta de política pública para su explotación y desarrollo, y el informe que un grupo de expertos de la U. de Chile entregó al Comité de Minería No Metálica de Corfo para establecer un marco regulatorio para los CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio).

En su cuenta pública al país el pasado 1 de junio, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró que su gobierno anunciará una nueva Política Nacional del Litio, “para que Chile sea líder y pueda aprovechar en plenitud y agregar valor a este valioso recurso mineral”. Conversamos al respecto con el socio de Voces Mineras, Cristián Quinzio, abogado experto en temas de minería y quien participó en la Comisión Nacional del Litio, la cual trabajó en una propuesta de política pública que fue presentada por la Presidenta Bachelet en enero de 2016.

“Ya existen las bases de una política nacional de litio”, asevera Quinzio, quien expone los puntos angulares de dicho trabajo:

1.- Mantiene al litio como una riqueza minera no concesible, es decir, en manos del Estado y con el poder de decisión de éste para su aprovechamiento.

2.- Da cuenta que en Chile el litio se encuentra en ecosistemas complejos, como son los salares y, por lo tanto, requiere una política ambiental que se haga cargo del uso de las aguas y los temas comunitarios.

3.- Da importancia al valor agregado que pueden ofrecer a Chile nuevos actores en este sector; entendiendo que el valor agregado va desde la producción de litio grado batería hasta la instalación de nuevas industrias a partir de la explotación de este mineral (como los llamados que ha hecho Corfo en base a los contratos con Albemarle y SQM).

4.- Deja abierta la posibilidad de que las nuevas explotaciones se realicen ya sea por una empresa estatal o a través de alianzas público-privadas.

“Las alianzas público-privadas implican tener una regulación clara y transparente de aplicación general de los CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio), que ha sido el mecanismo que ha privilegiado Chile para aprovechar riqueza minera no concesible, como sucede con el petróleo con los CEOP. Pero los CEOP tienen regulación y los CEOL no”, afirma Cristián Quinzio.

Para resolverlo, recuerda, se creó el Comité de Minería No Metálica de Corfo, el cual a su vez contrató a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile –donde el abogado es profesor de Derecho de Minería– para que colaborara en el levantamiento de un marco regulatorio para los CEOL. “En diciembre de 2017 este grupo entregó su informe, el cual contiene propuestas bastante contundentes”, indica el socio de Voces Mineras.

El esquema que se concibió para las adjudicaciones contempla que, primero, el Ministerio de Minería haría un llamado a los interesados en explotar litio en Chile a manifestar su interés, manifestación que debía detallar cuál sería el aporte de su actividad para el país y cuáles serían las áreas o salares que querrían desarrollar. Presentadas estas declaraciones de interés, el Ministerio debía analizarlas y, sobre esa base, hacer llamados a licitación, ya sea privadas o públicas.

El informe presentado al Comité de Minería No Metálica también propuso que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen) actuara coordinadamente con el Ministerio de Minería en el otorgamiento de cuotas, y evitar que se den autorizaciones distintas en contenido. “Porque en algunas, la CChen va más allá de sus atribuciones, que es dar una cuota de comercialización. Si se revisa las autorizaciones a Codelco, la CChen se introduce en temas de política ambiental o propios de otras áreas como la DGA”, advierte Quinzio.

Asimismo, el abogado añade que los CEOL involucran el cumplimiento de diversas obligaciones para con el Estado, entre otras, pagar una contribución que se traduce en el pago de un “royalty”, el cual tiene dos componentes: uno basado en ventas, y otro consistente en un pago anual según margen operacional, similar al impuesto específico a la minería. La determinación del monto y escalas de este “royalty” puede hacerse caso a caso o aplicando reglas de general aplicación.

También precisa que hay claras directrices sobre la obligación del contratista de respetar a las comunidades y hacerlas partícipes de los beneficios de su actividad, así como de la obligación de respetar los tratados y convenciones internacionales, en especial en cuanto a protección del medio ambiente, equidad de género, derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos.

“Hoy no hay mucho más que definir. Lo único que hay que determinar es la regulación de los CEOL y qué vamos a licitar”, subraya el abogado.

Consultado por el carácter no concesible del litio, que se preservó en la propuesta de la Comisión Nacional del Litio, Quinzio estima que no existe el espacio político para cambiar esta condición, y que finalmente se decidió mantenerlo como mineral estratégico.

Cambiarlo implicaría “una modificación de ley orgánica constitucional, para lo que se requieren cuatro séptimos de ambas cámaras. No había voluntad política y el Gobierno de la Presidenta Bachelet tampoco lo sentía conveniente. En definitiva, la posición de la comisión fue no cambiar esa condición; lo que se modificó fue la razón de por qué es estratégico, que ya no era por el tema nuclear, sino porque permite al país el desarrollo de productos de valor agregado y de una nueva minería”, sostiene.