El nuevo esquema tributario afectará a los productores de más de 50.000 tmf al año, contiene un componente ad valorem y otro sobre el margen minero, estableciendo una carga tributaria potencial máxima de entre 45,5% y 46,5%.

En sesión especial, la sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las enmiendas realizadas por el Senado al proyecto del royalty a la gran minería del cobre, iniciativa que de esta forma finalizó su tramitación legislativa, quedando lista para su promulgación como ley.

El proyecto aprobado establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (tmf) al año, el cual considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según el margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima de entre 45,5% y 46,5%, dependiendo del volumen de producción.

Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir de 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB, equivalente a unos US$1.350 millones.

Un tercio de esa recaudación, es decir, US$ 450 millones, serán distribuidos a nivel regional, para impulsar el desarrollo productivo local. Los otros dos tercios se destinarán, en los primeros años, a financiar el aumento de las capacidades policiales y del sistema de administración de justicia, para reducir la delincuencia.

Asimismo, se espera destinar parte de los recursos adicionales a nuevas inversiones, más allá de las que realicen los gobiernos regionales y locales, y a fortalecer la investigación y desarrollo.

La forma en que operará el impuesto

El nuevo esquema tributario que empezará a operar a partir del próximo año, regirá para los productores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y tengan una producción mayor a 50.000 tmf al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:

• Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que las empresas tengan un resultado operacional negativo, no procederá el pago de este componente.
• Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26%, dependiendo del margen operacional minero, y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.

Para aquellas mineras pequeñas y medianas, es decir, que produzcan menos de 50.000 tmf al año, se mantiene la actual carga tributaria vigente.

Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). En este sentido, para las compañías mineras con una

producción superior a 50.000 y menor a 80.000 tmf al año, se establece un tope máximo de 45,5%; mientras que para aquellas con producciones sobre las 80.000 tmf anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.

Para no afectar la expansión de proyectos mineros, en estos casos el impuesto específico se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros actores de similar producción.

Recursos para regiones y comunas

Una de las innovaciones del proyecto es que, por ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional, que suman US$ 450 millones. Estos son:

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$225 millones, a beneficio de los gobiernos regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal. En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
• Fondo Comunas Mineras, por US$55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. Serán 32 las comunas beneficiadas, de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Protocolo de Acuerdo

En el marco de la tramitación del proyecto en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país:

1. Medidas en la Ley de Presupuestos 2024-2025
2. Un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al royalty minero desde 2025. Esto equivale a US$112,5 millones, a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$85 millones para el Fondo de Equidad Territorial; y US$ 27,5 millones a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.
3. Un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$350 millones anuales por tres años a cuenta del royalty minero, desde 2025.
4. Establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país, desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto se contemplarán recursos por un promedio de US$200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.
5. Medidas en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes:
6. Revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
7. Obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación de los gobiernos regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten.
8. Actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal, incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza multidimensional.
9. Fortalecimiento de instituciones ligadas a la minería:
10. Coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera, generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
11. Coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales.
12. Reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán medidas para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para iniciativas de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta.