Como sabemos, la minería es intensiva en el uso de energía eléctrica. Su consumo eléctrico alcanza al 36% del total del país, como muestra la figura siguiente.

En la actualidad, el sector minero representa cerca del 90% de los consumos del Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, que abastece los consumos desde Arica hasta Antofagasta, y el 20% del Sistema Interconectado Central, SIC, que abastece desde Taltal a Chiloé. Estos sistemas eléctricos tienen características distintas y también su situación actual es diferente.

Por una parte, el SING es eminentemente térmico y la energía es generada fundamentalmente con carbón y en menor proporción con gas natural. El SING tiene hoy una demanda máxima de aproximadamente 2300 MW y alrededor de 3900 MW instalados, con la desventaja que una parte importante de esta capacidad es en centrales a gas natural y en la actualidad solo hay gas disponible para cerca de 400 MW. Por su parte, el SIC es un sistema hidro-térmico, en el cual aproximadamente el 50% de la generación es hídrica y el resto térmica. Su capacidad instalada es del orden de 15.000 MW y la demanda máxima de los clientes del orden de 7200 MW. En ambos sistemas se está produciendo una incorporación significativa de las denominadas fuentes renovables no convencionales, especialmente solar y eólica.

El crecimiento de la demanda eléctrica para los próximos años, particularmente aquella relacionada con la actividad minera es incierta, dados los problemas que enfrenta en la actualidad. La figura siguiente muestra el crecimiento proyectado por Cochilco de las necesidades de energía eléctrica de la minería en distintos escenarios. El escenario denominado “máximo” considera que las operaciones continúan según lo planificado y todos los proyectos se ponen en marcha en la fecha y capacidad productiva estimada actualmente por sus titulares. El escenario “esperado” pondera los perfiles de producción de cobre esperado y reportado por las firmas mineras con valores menores a la unidad, ya que existe una alta probabilidad de que los proyectos sufran variaciones y no se lleven a cabo en la fecha y capacidad productiva estimada inicialmente. Esta ponderación ha sido determinada por Cochilco en base a información histórica del comportamiento de la materialización de proyectos mineros, obtenida de los catastros históricos publicados por la entidad. Por último el escenario “mínimo” ajusta el escenario “esperado” con cifras inferiores dentro de un criterio técnico razonable.

Si bien, existen en carpeta numerosos proyectos de generación en distintos grados de avance, la mayoría de ellos corresponden a desarrollo de recursos intermitentes (hidro pasada, eólico y solar fotovoltaico). Afortunadamente, en el SING hay desarrollo de Gas Natural (Kelar-BHP) y de Carbón (Cochrane I y II (AES GENER) y IEM – E-Cl), que permitirán abastecer parte importante de los aumentos de demanda del SING (BHP, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, SQM, entre otros).

A su vez la interconexión de los sistemas eléctricos permitirá aprovechar de mejor forma la capacidad de generación disponible.

Sin embargo, la industria minera enfrenta problemas producto de los altos costos de producción y particularmente de la energía eléctrica, que podría llegar a comprometer su competitividad. Es así como de acuerdo a un reciente estudio encargado por CODELCO, Chile tiene los precios más altos de la electricidad entre los países productores de cobre, como muestra el gráfico siguiente:

Los altos costos de la electricidad obedecen en gran medida a problemas del propio mercado eléctrico como las altas barreras de entrada (rechazo social, terrenos, permisos, EIA, judicialización, etc.) y a una alta concentración de la propiedad. Así, el 80% de la capacidad de generación se concentra en unas pocas empresas, lo cual dificulta la competencia.

Esta situación no afecta solo a la minería, sino a toda la industria nacional poniendo en riesgo la competitividad del país y con ello los buenos índices de empleo y crecimiento que se han registrado en los últimos años.

En este contexto es urgente resolver las dificultades que enfrentan los nuevos inversionistas interesados en el sector eléctrico y muy particularmente la oposición ciudadana a cualquier proyecto ya sea de generación o transmisión. Así las cosas debiera ser el Estado, quien cumpliendo con su rol de velar por el bien común, informe a la ciudadanía adecuadamente sobre los reales impactos del rechazo de proyectos, develando que finalmente los más perjudicados son los propios usuarios y los beneficiados las empresas eléctricas con una gran presencia en el mercado al hacer subir los precios.