En esta columna Sergio Hernández, socio de VVMM, destaca el aporte generado por el nuevo royalty, pero estima que aún falta información para evaluar su impacto en las regiones y comunas mineras.

Por Sergio Hernández Núñez, abogado y socio de Voces Mineras.

Terminado en 2024 el primer año de recaudación del royalty minero propiamente tal (antes impuesto específico a la minería, que también era royalty en sus fundamentos), la recaudación ha sido superior en US$200 millones a la proyectada por el proyecto de ley que fue ingresado al Parlamento. La cifra final ascendió a más de US$1.800 millones al margen operacional minero, más casi US$350 millones por concepto de royalty ad-valorem. Este gravamen lo pagan principalmente tres faenas mineras, que son Escondida, Collahuasi y Pelambres, de entre 34 mineras que aportan a esta recaudación.

De estos aproximadamente US$2.150 millones (nada menos que el 3,4% de la recaudación tributaria total del Fisco, sin considerar los recursos del impuesto a la renta pagado por las mineras), US$450 millones van en asignación directa a las regiones y comunas del país, cuya mitad se entrega a los gobiernos regionales para el Fondo para la Productividad y el Desarrollo; y la otra mitad al 90% de los municipios del país, para el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo para Comunas Mineras.

Este último destino reconoce que, según el mensaje de la ley, son estas comunas las que están más afectadas por el deterioro del patrimonio natural que implica la extracción de recursos naturales (a pesar que pertenecen constitucionalmente a la nación toda), así como por otras externalidades. Lo que no menciona el mensaje que antecede a la ley, es que estas comunas mineras reciben un enorme beneficio producto del desarrollo minero en empleo, encadenamiento productivo directo (proveedores) e indirecto (comercio y otras actividades comunales) lo que, más aún con el aporte del royalty, es útil para una mejor legitimidad de la actividad minera donde esta se desarrolla.

Ahora bien, el beneficio del  nuevo royalty para las regiones y comunas depende no sólo de lo que reciben en montos, sino de la eficiencia de la ejecución presupuestaria de estos fondos; lo que se mide por reportes que deben entregarle las regiones y los municipios mediante un informe anual a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre el uso del aporte recibido por cada fondo -en marzo del año siguiente a su ejecución-, organismo que a su vez debe informar del uso de tales recursos al Congreso  Nacional y a la Contraloría General de la República.

Estos reportes ya han sido recibidos por primera vez por la Subdere, pero aún no permiten conocer su impacto en las regiones ni en las comunas.

Este mecanismo de fiscalización, si bien nos parece positivo, estimo conveniente que se establezca una especie de comisión consultiva y evaluadora en cada región y comuna, integrada por las entidades públicas ejecutora y representantes del sector privado, que asesore y recomiende a la autoridad el mejor uso de los recursos; lo que a su vez daría mayor legitimidad y eficacia a esos destinos.

Sergio Hernández Núñez, abogado