El economista Juan Carlos Guajardo y el abogado Cristián Quinzio destacan que los actuales contratos de Corfo con SQM y Albemarle consideran un mecanismo beneficioso para las arcas del Estado.

Para comienzos 2023, es decir, por estos días, se espera que el Gobierno presente su política nacional del litio, que contemplaría espacio para la participación de privados, según adelantó en diciembre el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado reconoció que las grandes economías del mundo están disputando el acceso al litio en diferentes latitudes, frente a lo cual “no es bueno ser un barco a la deriva, hay que tener socios”, dijo.

Desde hace un tiempo distintos expertos han advertido que Chile se está quedando atrás en esta carrera, a pesar de tener las mayores reservas de litio del planeta y de las ventajas que presenta el Salar de Atacama.

En marzo del año pasado Voces Mineras quiso poner sobre la mesa este tema, convocando al foro “Desafíos y Oportunidades de la Minería del Litio en Chile”, en que los especialistas participantes instaron a aprovechar la oportunidad histórica que presenta hoy esta industria, con una demanda global por litio creciente y precios al alza, un auge que durará algunos años más.

“¿Qué estamos haciendo para aprovechar este ciclo?”, preguntó en esa ocasión Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien hizo ver que con los contratos existentes entre Corfo y las dos empresas que están explotando el mineral –SQM y Albemarle– se puede captar una proporción muy significativa de la renta económico-minera que se genera.

De hecho, recientemente El Mercurio publicó que los ingresos del Estado por contratos de explotación de litio habían crecido más de 600% el último año (a octubre de 2022) hasta US$3.917 millones.

Contratos con regalías y escenario favorable

Para Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, el alza en los ingresos del Fisco provenientes del litio “es reflejo del incremento extraordinario de los precios del mineral durante el año, que se han multiplicado más de cinco veces respecto de los valores tradicionales, así como del mecanismo acordado por Corfo en el contrato de arrendamiento, que incluye pagos especiales bastante altos”.

Una opinión similar tiene Cristián Quinzio, abogado especialista en minería y socio de Voces Mineras: “Esto se debe a dos factores. Por una parte, al explosivo aumento del precio del mineral; y por otra, a la excelente renegociación que hiciera Corfo en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, de los contratos tanto con Albemarle y SQM, que introdujeron un esquema de regalías muy favorables para el Estado”.

Ambos especialistas coinciden en que tales contratos consideran una buena fórmula de retribución por la explotación del litio. “Los valores extraordinarios que se recaudaron en 2022 demuestran que el mecanismo asociado a los contratos es no sólo posible, sino que muy beneficioso para las arcas del Estado”, sostiene Guajardo. En tanto, Quinzio plantea que ambas partes se ven favorecidas en momentos de alzas significativas de precios, “por lo que para estas dos explotaciones históricas del Salar de Atacama, estimo constituyen una estructura que no hay que cambiar”.

Cómo aprovechar el boom

Consultado por la creación de una Empresa Nacional del litio, Guajardo considera que un proyecto como éste tomará mucho tiempo, “lo que arriesga que Chile pierda oportunidades de participación en la producción minera de litio y se desenfoque de lo que importa, que es aprovechar la bonanza del litio, cuya duración no está garantizada”. Enfatiza que los contratos de Corfo demuestran que hay otras alternativas más rápidas para aprovechar este auge, desde una perspectiva país.

Por su parte, Quinzio cree que la Empresa Nacional del Litio es una buena iniciativa “siempre que se piense en ella como la representante del Estado para llevar adelante asociaciones público-privadas, en las cuales el rol de operador y financista de los nuevos proyectos serán los privados”. A su juicio, esta empresa debiera ser la contraparte estatal que incentive proyectos para agilizar la entrada en producción en nuevos salares, mediante el uso de tecnologías de vanguardia, con respeto e incentivo a las comunidades locales y que ayude al desarrollo de productores de litio que aporten mayor valor agregado.

“Mientras dicha empresa se constituye, nada impide que el Estado pueda agilizar nuevas iniciativas para el aprovechamiento del litio en el país, sea directamente mediante el otorgamiento de CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio) o concesiones administrativas, o mediante la participación de empresas estatales mineras”, indica el abogado.

Sobre este punto, Guajardo señala que para sacar hoy mayor provecho del auge del mercado del litio, hay que establecer un marco legal que permita la inversión privada con la participación del Estado en un breve tiempo. “También pueden alinearse estas políticas a objetivos de mayor elaboración e investigación y desarrollo, siempre que sea en un plan realista y con apertura a la inversión extranjera”, puntualiza.

A lo que Quinzio agrega que se deben incentivar “nuevas explotaciones que permitan la participación de privados que aporten valor al país, para lo cual resulta indispensable contar con una política transparente de asignación de nuevos proyectos, bajo estructuras claras de participación estatal similares a lo que se ha hecho con el CEOL entregado a Codelco”.