El abogado advirtió la existencia de “muchas desprolijidades” y normas contradictorias en el documento, que a su juicio terminarán afectando la inversión.

Un análisis en profundidad sobre el proyecto de nueva Constitución presentó el abogado Sergio Hernández a los socios de Voces Mineras A.G. El también socio de la entidad gremial “desmenuzó” la propuesta de Carta Fundamental emanada de la Convención Constitucional en una reunión almuerzo, donde fue detallando su opinión sobre los puntos más relevantes del documento.

En general, el abogado mostró una mirada crítica frente a la propuesta de nueva Constitución, advirtiendo la existencia de “muchas desprolijidades” y normas contradictorias, que terminarían afectando la inversión y, con ello, el empleo, el encadenamiento productivo y el crecimiento económico, lo que consecuentemente, impactaría en la tributación e ingresos fiscales. “Una contradicción brutal, ya que con estas normas la inversión es muy insegura, no pudiendo financiarse los derechos sociales”, expresó.

En su análisis, Hernández manifestó su inquietud por el concepto de plurinacionalidad y los riesgos que podrían involucrar expectativas crecientes de mayor autonomía de parte de las naciones que se consignan. También cuestionó que se hable de igualdad sustantiva, porque a su juicio, ésta implica igualdad de resultados, donde el mérito quedaría en segundo plano.

Por otra parte, opinó que el documento tiene una inclinación fuertemente latinoamericanista y mostró preocupación por la forma en que está planteado el sistema de justicia indígena y la protección especial que se da a las tierras indígenas “y no así a las tierras del resto de los chilenos”, dijo.

A ello sumó lo que en su opinión significará el término del equilibrio entre los poderes del Estado y de la independencia del Poder Judicial, a partir del nuevo sistema de justicia que se propone, “en que una mayoría política nombrará, evaluara y podrá destituir a los jueces cualquiera sea su jerarquía”, indicó.

Asimismo, reparó en el derecho a la amplia libertad sindical, con negociación colectiva y derecho a huelga para los trabajadores de servicios públicos. “La huelga pueden declararla por cualquier razón que los sindicatos libremente determinen, aunque no tenga relación alguna con la empresa en la que trabajan, posibilitando una verdadera revolución popular”, opinó. En cuanto al derecho a negociación ramal, sectorial y territorial, señaló que puede afectar a las pymes, que no estarían en condiciones de otorgar los mismos beneficios que las grandes empresas.

Como aspectos positivos, Hernández valoró el establecimiento de derechos fundamentales, así como de la libertad de enseñanza y un sistema de seguridad social con triple financiamiento (público, trabajadores y empresa). En relación a la vivienda propia, sostuvo que se ha generado una polémica artificial y destacó además que está establecido el derecho de propiedad en la propuesta constitucional.

Sin embargo, cuestionó que se use el precio justo y no de mercado ante una eventual expropiación, advirtiendo que habría allí un riesgo particularmente para las empresas en general.

Igualmente, lamentó que en el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual, artístico y científico no esté incluida la propiedad industrial, lo que interpretó como un desprecio a la actividad empresarial.

Bienes comunes naturales y Estatuto de los minerales

Hernández hizo notar que entre los bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado y cualquier persona tendrían poder especial de custodia y son inapropiables (según se declara en la propuesta constitucional), está incluido el subsuelo, que es justamente donde se desarrolla la minería. Lo mismo sucede con “las aguas”, lo que de acuerdo con el abogado, deja en un escenario de incertidumbre a las plantas desaladoras y a toda la agricultura.

Respecto del Estatuto de los Minerales que establece el proyecto de nueva Constitución, resaltó que el Estado mantiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, a lo que se agregan “las sustancias minerales metálicas y no metálicas”, redacción que impediría su comercialización, implicando un riesgo para el desarrollo de la actividad.

Además, hizo ver el vacío que quedó sobre las concesiones mineras, que no fueron incluidas en el escrito y será un tema que debiera definirse en una ley posterior, generando un escenario incierto. “Sin duda esto afectará la inversión y con ello el empleo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile, los impuestos y por lo tanto los derechos sociales”, concluyó.