Según el reelecto presidente de Voces Mineras A.G., “sufrimos de lo que era la minería hace 30 o 50 años”, cuando hoy es la actividad económica más tecnificada dentro de las industrias del país y cumple estándares tan o más exigentes que en otros mercados, sostiene.

Ha sido presidente de la asociación gremial Voces Mineras (VVMM) desde su fundación, en 2015, resultando reelecto en las tres últimas elecciones. “Es un voto de confianza, un reconocimiento a lo que hemos hecho”, dice Sergio Jarpa, agradeciendo su renovada designación, aunque admite que su intención inicial era que hubiera un relevo.

Igualmente, cree que es bueno tratar de incorporar nuevas ideas y visiones, y por ello celebra que a la Directiva de VVMM se hayan integrado dos nuevos directores que, a su juicio, serán un muy buen aporte: Juan Rayo, que quedó como vicepresidente de la asociación y acaba de terminar su periodo como presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), y Pascual Veiga, fundador y cuatro veces presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), de la cual es actualmente past president.

Junto a ellos también conforman la directiva Juanita Galaz, secretaria; Carlos Vega, tesorero; y María Isabel González, directora.

Sergio Jarpa se siente cómodo como dirigente. Fue fundador y vicepresidente del Consejo Minero; presidente del núcleo provincial del Colegio de Ingenieros en El Loa; socio del IIMCh, que en 2007 lo premió con la Medalla al Mérito; y también fue presidente del Club de Deportes Cobreloa durante cinco años (1992 a 1997).

– ¿Qué sello le espera dar a este nuevo periodo al mando de VVMM?

– Me gustaría ampliar nuestro campo de acción más allá de los foros que realizamos, algunos de ellos con bastante éxito. Especialmente el último, sobre el litio, que tuvo una muy buena recepción, por lo relevante y coyuntural de la temática y el nivel de los expositores; tuvimos la participación de la nueva ministra de Minería y del nuevo subsecretario; nos permitió conocer los planes de gobierno y a la vez tuvimos la opinión de excelentes expertos.

La idea es continuar con los foros sobre temas relevantes y contingentes de la industria minera, ampliando nuestra acción hacia otras temáticas, como la medioambiental y la contingencia política, para tratar de contribuir con opiniones en todo lo que es política minera e institucionalidad. Demás está decir que eso incluye lo que viene con la eventual nueva Constitución.

– ¿Qué acciones tienen previstas?

– Queremos incluir a la gente más joven, motivar especialmente a los universitarios y docentes, muchos de los cuales no han tenido la oportunidad de pasar por una faena minera. Creemos que ahí podemos ser un aporte, principalmente para capacitar e instruir.

– ¿En qué estrategia están pensando?

– Una de las posibles estrategias que hemos conversado es invitar a docentes a incorporarse a Voces Mineras, dándoles un trato especial –porque nuestra organización se financia exclusivamente con la cuota de los socios–, para que se integren con una cuota menor. Y también a estudiantes, con una cuota nominal de estudiantes, para que participen y aporten nuevas ideas, pero al mismo tiempo aprendan sobre la minería y sus temas relacionados.

Tendríamos que crear una categoría de socios estudiantes y otra de socios docentes o académicos, con requisitos distintos, pero complementarios. Por eso, una de las metas de corto plazo que nos hemos impuesto es modificar nuestros estatutos para hacerlos más adaptables a la realidad actual y que nos permitan cumplir con estos nuevos objetivos.

– ¿Hay alguna actividad que ya tengan previsto realizar dentro del año?

– Poner en marcha varios comités. Ya nominamos los líderes de cada uno de ellos. Por otro lado, Juan Rayo propuso la idea de crear algunos premios, como lo hacen el IIMCh y Aprimin, para reconocer a personas o entidades que se destaquen por su aporte a la minería y divulgar la actividad.

– A propósito de la contribución de la minería, ¿a qué atribuye que, aunque se reconozca a Chile como país minero, haya posiciones contrarias a la minería y se la asocie con extractivismo?

– El concepto de extractivismo es un eslogan ideológico. No es una buena definición de lo que es la minería. Esta es la actividad económica más tecnificada que tiene nuestro país, y la única que compite a nivel mundial ocupando los primeros lugares. La minería chilena se ve mucho mejor desde afuera que como la ve nuestra gente. Hay varias razones para ello; una es que la gran masa de población del país está concentrada en la Región Metropolitana y en su gran mayoría nunca ha visitado una mina y desconoce su importancia a nivel regional e internacional.

La propia industria minera tiene cierto grado de responsabilidad en ello, al no darnos a conocer como corresponde. Hoy vemos que algunas empresas han reaccionado, hay campañas de divulgación de lo que es la minería, la sustentabilidad, la responsabilidad social y ambiental.

Pero, por otro lado, hay eventos que tienen bastante resonancia pública, que no ayudan mucho. Por ejemplo, si ocurre un accidente en el sector, tiene un gran impacto público. Pero la minería tiene los mejores índices de seguridad de todas las industrias de Chile, mejores incluso que los del sector servicios. La minería tiene las mejores prácticas y prueba de ello fue que la industria fue la que mejor controló la pandemia. Porque hay una cultura de seguridad.

Fundiciones

– ¿Cómo evalúa lo que está pasando en Quinteros-Puchuncaví, con episodios ambientales frente a los cuales se anuncia el cierre de Ventanas?

– La fundición ha estado detenida por más de una semana y han persistido los eventos de contaminación ambiental. Por otra parte, Ventanas cumple con la normativa ambiental vigente que, si no es la adecuada, corresponde a la autoridad modificarla y dar los plazos para cumplirla y a la empresa aportar los recursos para darle cumplimiento, de acuerdo a estrictos criterios ambientales, técnicos y económicos. Si no es factible según dichos criterios y se decide cerrarla, sería necesario un cronograma detallado de cierre y una estrategia que incluya a los trabajadores.

Por parte de Codelco, hemos conocido solamente las opiniones del presidente del Directorio, quien no es un técnico. Echo de menos las del presidente ejecutivo y las del vicepresidente de Fundición y Refinería, que sí lo son.

– ¿Cómo habría que abordar la situación de las fundiciones en Chile?

– En fundiciones hemos estado tratando de poner normas de países desarrollados en cuanto a las emisiones, especialmente de SO₂. Pero nuestras fundiciones son de tecnología muy antigua. Altonorte, Chagres y Ventanas cumplen con la normativa vigente, así como el resto (Chuquicamata, Potrerillos, Caletones, Videla Lira), que invirtieron para cumplir hasta cierto nivel (96-97% de captura), pero ahora la norma va a ser más estricta, si pensamos que países como Japón y China tienen un límite de 99%, así como en Europa.

– ¿Por dónde debiera ir la solución en este ámbito?

– Debiéramos definir una estrategia. Pero, dada la escasa rentabilidad del negocio de fundición, además de las esperables restricciones ambientales y comunitarias para reemplazar la necesaria capacidad de fusión que se perdería con el cierre de Ventanas, se ve poco atractiva la inversión en una nueva fundición en Chile.

El Comité de Ministros acaba de rechazar un proyecto de una generadora a gas en la Tercera Región, que emite mucho menos que una fundición de cobre. Entonces, ¿también va a rechazar una nueva fundición en Chile? Con esa interrogante, quién va a invertir en esto…el único que podría hacerlo es el Estado, que claramente tiene otras prioridades sociales.

– Es un tema que estaría retomando el actual gobierno…

– Hace como cinco años que están hablando de eso. Tiene que haber una política nacional de fundiciones que hoy no está. A Chile le conviene tener una capacidad mínima de fundición de concentrado cumpliendo con las normas. Eso exigiría construir una nueva fundición con nuevas tecnologías.

– ¿Y a su vez cerrar las antiguas?

Es que nos enfrentamos con un problema laboral. ¿Vamos a despedir a los 1.100 trabajadores de la fundición de Chuquicamata porque ésta no cumple con los estándares? ¿Vamos a tener una nueva alianza estratégica en Codelco a partir de eso? ¿Y si cerramos Ventanas, dónde procesamos los concentrados de Enami y qué hacemos con los 500 trabajadores directos y los más del doble de contratistas?

Esas son preguntas difíciles de responder, pero si tenemos una política de fundiciones y reglas claras, podríamos incentivar a algún inversionista –porque el Estado no tiene dinero para eso– a invertir en Chile asegurándole una provisión de concentrado en el largo plazo, lo que podría ser a través de una asociación con Codelco, que pondría el concentrado y el inversionista externo pone el capital y la tecnología.

Hace algunos años hubo un proyecto de una fundición y refinería en Mejillones (Fureme), que llegó hasta ingeniería de detalle, pero en una mala decisión Codelco abortó ese proyecto e invirtió en la fundición de Chuquicamata, que a la larga nunca fue una solución definitiva. A lo mejor, se puede retomar esa iniciativa y también tenemos que ver qué hacemos con las fundiciones ineficientes. Ahí pienso en Videla Lira, que tampoco es rentable. Tal vez Potrerillos pueda serlo con alguna inversión y sobre todo para procesar procesados complejos, con alto contenido de arsénico. Caletones, de El Teniente, podría cumplir los estándares, con cierta inversión adicional.

Pasivos ambientales

– A su juicio ¿hay una maximización de los impactos de la minería o la industria no los ha mitigado lo suficiente?

– Creo que sufrimos de lo que era la minería hace 30 o 50 años, en que no había una normativa para construir tranques de relaves, por ejemplo. En Chile el último desastre de un tranque de relaves fue en 1965 en El Cobre. Desde ahí nunca más ha habido ni lo va a haber, porque tenemos la mejor normativa de construcción de tranques de relaves del mundo.

La gente piensa que puede haber un desastre similar al de Brumadinho en Brasil, pero ésa era una mina de hierro, sin los estándares que tiene Chile y a la que ya le habían advertido que el tranque era inestable. Eso no va a suceder en nuestro país.

– En su visita a Canadá, el Presidente Boric dijo esperar que las compañías mineras canadienses se comporten en Chile como si estuvieran en Canadá…

-No conozco los antecedentes que el Presidente Boric haya tenido para fundamentar tales declaraciones, las cuales no comparto basado en mi experiencia de haber trabajado por cinco años en una empresa canadiense.

– ¿Las empresas siguen los mismos estándares independiente del país?

-Diría que aquí incluso son mejores, al menos en relaves. He estado en una gran cantidad de minas de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, y puedo asegurar que tenemos excelentes estándares. Hace 20 años adoptamos los planes de cierre de Canadá, en la Minera El Indio.

Hay pasivos ambientales antiguos, de más de 50 años, que no son de la gran minería. Son de la pequeña y mediana minería de la tercera y cuarta regiones, que están abandonados. Hace falta una legislación que permita reprocesar esos materiales. Pero, ¿hoy quién es el dueño de esos relaves? El día que alguien vaya a reprocesar esos minerales, vamos a descubrir al dueño.

Critiquemos menos y hagamos más. Los legisladores y el Poder Ejecutivo tienen que dictar las normas. Generemos los mecanismos para recuperar y reprocesar ese material, en la medida que haya una normativa pertinente que dé certeza.

Proceso constitucional

– ¿Cómo ha visto el proceso constitucional y la forma en que está abordada la minería en el borrador?

– Existe incertidumbre principalmente por dos aspectos. Uno, porque de lo que se conoce, el texto no da certeza a los inversionistas. Hay incertidumbre respecto del sistema político, la seguridad de la propiedad privada, los derechos de agua. Hay normas como la de protección de glaciares que no son pro minería sustentable. Nadie dice que hay que darle “chipe libre” a la minería, sino que tiene que cumplir con normas estrictas. Pero una vez que esas normas están definidas y se cumplen, eso queda escrito en piedra. Y no puede pasar que después de dos o tres años en que una empresa obtuvo la Resolución Ambiental, venga la Corte de Apelaciones y la deje sin efecto, a mitad de la inversión.

En segundo lugar, habrá que ver el resultado del plebiscito. Y de ser aprobado, habría que analizar bien si van a estar los incentivos de los que habló el Presidente Boric, en cuanto a que se van a respetar la propiedad privada y los tratados internacionales. Escuchando a los expertos, quedan dudas, y esas dudas las tienen los inversionistas. Con 50+1 de rechazo o apruebo, vamos a tener al país dividido igual y no podemos quedarnos estancados. Tenemos que tener una solución que sea compartida por la mayoría de los chilenos y eso hoy no está.

– Igualmente con el actual marco institucional ha habido resoluciones que han afectado a proyectos y operaciones previamente aprobados. Está el caso de Dominga o el de Mina Invierno.

– Dominga tiene una connotación ideológica y política, dados sus accionistas originales. Se dice que un conglomerado chino estaría interesado en comprarlo. Si eso sucede, tal vez sea aprobado o rechazado en su mérito y no por otro tipo de consideraciones.

Y en el caso de Mina Invierno, tuvo que cerrar y vender sus camiones y palas, y hoy esos equipos están en una mina australiana produciendo carbón que tenemos que importar los chilenos. No tiene sentido…Mina Invierno no pudo seguir operando porque había unas maderas petrificadas hace millones de años que, si no hubiese habido actividad minera, nunca se hubieran descubierto. ¿Alguien ha hecho algo por ese hallazgo? No. Y se perdieron más de mil empleos de buena calidad en una región en que la tasa de cesantía es una de las más altas del país.

– A su juicio, ¿quedan blancos abiertos que podrían afectar el desarrollo minero futuro?

– Resta que haya un mejor entendimiento y diálogo entre la industria y las entidades regulatorias. Hay poco realismo y poca flexibilidad en uno y otro lado. Todavía no se anuncia un nuevo proyecto de inversión y ya aparecen los grupos de interés rechazándolo. Falta una mejor compatibilidad entre la aplicación de la normativa ambiental y el cumplimiento de esa normativa por parte de la empresa, y no juzgar a priori, sino en su mérito.

Royalty

– Otro tema en agenda es el royalty a la minería. ¿Cuál debiera ser el mecanismo?

– Esta iniciativa también genera incertidumbre, dado que por el momento hay dos alternativas posibles: una es la del proyecto inicial de la Cámara de Diputados que fue modificado en el Senado, y aunque es menos malo que el original, sigue siendo un mal proyecto. Y la otra tiene relación con lo que pretende incorporar el ministro de Hacienda en la reforma tributaria. ¿Cuál de las dos va a prevalecer? No está muy claro.

– En su opinión, ¿cuál debiera ser la fórmula adecuada?

– Creo que la minería todavía puede contribuir un poco más, pero a un nivel que no desincentive la inversión, sino que elimine la incertidumbre y que nos mantenga competitivos. Ya no somos la niña bonita de la minería mundial. Del proyecto de la reforma tributaria, no se sabe aún cómo será la estructura. Y el proyecto que está en el Senado deja a la minería chilena fuera de competencia. Por lo tanto, si va a prevalecer debería tener modificaciones sustanciales. Más vale entonces que el Gobierno lo retire y haga un buen proyecto vía reforma tributaria.

Lo que más complicaría es que se ponga un gravamen a las ventas, porque eso hace que muchas empresas que tienen una rentabilidad marginal dejen de tenerla. Si eso predomina, muchas empresas van a cerrar. En general, los impuestos se pagan por utilidades, no por ingresos; a los ingresos hay que restarles los costos.

La fórmula del actual royalty, que grava la rentabilidad operacional, es un buen mecanismo en que a lo mejor habría que cambiar la tasa. Es decir, que a mayor precio del cobre, la tasa sea más alta. Porque un mayor precio del cobre no tiene por qué beneficiar sólo a las empresas, también el Estado tiene derecho. Este mecanismo lo propuso Juan Villarzú en 2005-06, cuando era presidente de Codelco.

El otro aspecto que poco se menciona es la invariabilidad tributaria a la que están sujetas la gran mayoría de las empresas a raíz del cambio del royalty para recaudar fondos adicionales para la reconstrucción post terremoto de 2010. Muchas de esas compañías tienen esa invariabilidad, con lo que no podrían aportar recursos adicionales en el corto plazo. Tal vez pueda haber un esquema negociado para que algunas empresas accedan a una contribución mayor y a cambio se les asegure una estabilidad de largo plazo que les permita echar a andar proyectos que, dentro de ese nuevo esquema tributario, aún serían rentables. Esa podría ser una solución.