El Instituto de Ingenieros de Chile, el Colegio de Ingenieros de Chile y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizaron el foro “La Minería frente al proceso constitucional, sus aportes y desafíos”, donde diferentes expositores analizaron cómo la actividad minera debe abordarse en la nueva Constitución.

“La Minería frente al Proceso Constitucional, sus Aportes y Desafíos”, fue el título del seminario que convocó a ingenieros y académicos a analizar cómo la principal actividad productiva de Chile se inserta en la discusión que tiene por objetivo elaborar una nueva Constitución. Organizado por el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros y el Instituto de Ingenieros de Minas, en el foro expusieron Elías Arze, Jorge Pedrals, Gustavo Lagos, Willy Kracht y Sergio Bitar.

Tras la introducción de Ricardo Nicolau, presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, Elías Arze, consejero nacional del Colegio de Ingenieros de Chile (también socio de Voces Mineras), presentó las conclusiones del informe “Los recursos mineros y la Constitución”, elaborado por la entidad con el fin de aportar información relevante relacionada con la minería en el marco del debate constitucional. Este documento fue el primero de cuatro trabajos realizados por el Colegio, los otros tres vinculados con medio ambiente, recursos hídricos y desarrollo sostenible.

Al respecto, Arze destacó la transversalidad en la elaboración y revisiones del informe, desde el punto de vista de las sensibilidades políticas, puntualizando que éste aborda tanto conceptos constitucionales como aspectos que debieran ser tratados a través de leyes o políticas públicas.

Entre las conclusiones principales, comentó que la Constitución debe establecer ciertos elementos esenciales para el adecuado funcionamiento de la actividad, tales como: la propiedad absoluta de los minerales por parte del Estado, la distinción entre la propiedad de los terrenos superficiales y la que tiene el Estado respecto de los minerales, la posibilidad de otorgar los minerales a privados en concesión para su exploración y explotación, la constitución de las concesiones por resolución judicial. Asimismo, sostuvo que la Carta Fundamental debiera incorporar el deber del Estado de generar condiciones adecuadas para el crecimiento sostenible del país.

En cuanto a cambios en la legislación minera, indicó que en el informe se plantea la necesidad de revisar el régimen de concesiones de exploración y explotación; remover al litio como sustancia estratégica no susceptible de concesión; aumentar la transparencia en la actuación de los distintos órganos del Estado; revisar las políticas de fomento de la pequeña minería. Y junto a ellos, políticas públicas que mejoren los niveles de información sobre la tributación de las compañías; faciliten la llegada de capitales de riesgo; velen por que se cumpla la entrega de información geológica, hidrogeológica, geoquímica y mineralógica; confirmen la propiedad o derechos sobre el agua de mar desalada en plantas construidas por las mineras; favorezcan el desarrollo productivo en las zonas geográficas donde la minería está presente.

Aporte y desarrollo de la minería

Jorge Pedrals, presidente de la Comisión de Política Minera del IIMCh, comenzó su exposición relevando el aporte de la minería al país, al representar del orden del 10% del PIB, porcentaje que en las regiones mineras se eleva a más del 30% y sobre el 50% si se consideran los encadenamientos productivos. A esos datos añadió las significativas inversiones de Codelco y la minería privada, así como los impuestos pagados por la industria.

Pero advirtió sobre los riesgos que enfrenta el sector: actualmente el 43% del cobre viene de lugares distintos de Chile, con leyes más altas a las chilenas (las cuales van en descenso); el ecosistema minero del país tiene altas barreras de entrada y se caracteriza por una poca diversidad de actores, con grandes compañías que concentran una porción mayoritaria de la producción y ventas; y somos un país esencialmente monoproductor, a diferencia de otros competidores.

De acuerdo con el ingeniero, existe una oportunidad para impulsar el desarrollo minero, de la mano de más exploración, capital de riesgo y licencia social. En este sentido, propuso un círculo virtuoso basado en una nueva aproximación al territorio; acceso a los recursos mineros; rotación de la propiedad minera; información geológica disponible; generación de capital de riesgo y mercado de capital abierto y transparente; código de ética y colaboración.

Constitución y royalty

En línea con la exposición precedente, Gustavo Lagos, profesor del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica, destacó que la contribución de la minería no sólo se traduce en desarrollo económico, empleo e impacto en infraestructura (puertos, caminos, plantas desaladoras, electrificación), sino también en reducción de la pobreza multidimensional, lo cual se demuestra en que las comunas mineras con alta población que trabaja en minería tienen una pobreza multidimensional menor que la del promedio de Chile en hasta 3 o 4 puntos y un coeficiente de Gini inferior (menor desigualdad).

Respecto de la nueva Constitución, a juicio de Lagos en ella debieran incluirse los siguientes principios: Estado dueño de la riqueza minera, impulsar la maximización de rentas para atraer inversión; continuar el modelo mixto con minería estatal y privada; dar una justa retribución a las regiones mineras; aprovechar ventajas para instalar energías renovables; que el Estado se haga cargo de pasivos ambientales mineros; que las concesiones mantengan los atributos actuales y sean otorgadas por los tribunales de justicia.

Asimismo, opinó que el royalty debe estar en la Constitución, pero existiendo la flexibilidad de optar por un impuesto específico o por un cobro ad valorem. Acotó que la renta del royalty se debe invertir en desafíos futuros del país, así como una parte debiera destinarse a las regiones mineras.

Se mostró favorable a modificar el régimen de amparo para dar más dinamismo a la minería, estableciéndose causales de caducidad de las concesiones de exploración y explotación.

En relación con la certeza jurídica, sostuvo que no es posible que la autoridad política intervenga en las tramitaciones ambientales y que está de acuerdo con la eliminación del Comité de Ministros.

Enfoque de transformación

Para el profesor Willy Kracht, director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, con o sin nueva Constitución, la situación de crisis climática impone desafíos para la actividad minera. Hizo ver que en el contexto de cambio climático se requiere un enfoque de transformación para el desarrollo minero, que ya es complejo por las condiciones geológicas más desafiantes.

Junto con destacar las favorables proyecciones para la demanda de cobre, por la reducción de emisiones y la electromovilidad, afirmó que el sector debe trabajar en contener los impactos y hacerse cargo de ellos. En ese sentido, aseveró que el impacto sobre el entorno será una discusión relevante en el proceso constitucional.

Además, destacó la oportunidad que tiene el país de usar la minería como plataforma para el desarrollo de conocimiento y exportarlo. A su juicio, de esta forma difícilmente se va a hablar de modelo extractivista, como lo suelen hacer los opositores a la minería. “El gran desafío es mantener el orgullo de ser un país minero”, concluyó.

Mirada estratégica

Sergio Bitar, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Ingenieros de Chile, llamó a los ingenieros a asumir mayor responsabilidad con el país y colaborar en una mirada estratégica con la ciudadanía para “explorar futuros”.

Manifestó que “hay que desmitificar el problema del extractivismo y mostrar que esta industria es esencial para Chile y, al mismo tiempo, hay que corregir lo que se deba corregir. Ese es un punto fundamental que estará presente en la Convención Constituyente. El cambio mundial tecnológico y de medio ambiente es una gran oportunidad para Chile a través de la minería, donde el litio y el cobre verde contribuirán a nivel global”.

El ex ministro se mostró en desacuerdo con el planteamiento de que el agua desalada es de las empresas, porque contradice que el recurso sea un bien nacional de uso público. Tampoco dijo ser partidario de cambiar la condición del litio, pero sí considerar su desarrollo a partir de alianzas entre el Estado y privados.