Gobierno Impulsa Plan Para Acelerar Tramitación De Proyectos Mineros Que Le Costaría Al Estado Solo $690 Millones
El paquete de medidas se centra en modificaciones a la gestión de nueve servicios públicos con competencia ambiental y, en menor medida, en introducir ajustes a reglamentos y leyes. La estimación del subsecretario Pablo Terrazas es que con esto se reduciría de siete a cuatro los años que en promedio toma sacar adelante una inversión de este sector.
Jéssica Esturillo O.Para sacar adelante un proyecto minero se requiere superar nada menos que 2.167 obligaciones normativas, 230 permisos sectoriales y obtener autorizaciones para un máximo de 102 tipos de obras, instalaciones y actividades, según datos oficiales del Ministerio de Minería, a mayo del año pasado. Este volumen de La iniciativa es liderada por la Subsecretaría de Minería y surgió a partir de un análisis público-privado: requerimientos es uno de los factores que explican que en este sector, en promedio, se pueden llegar a necesitar siete años para completar la tramitación de una iniciativa.
Con la idea de disminuir estos plazos identificando cuellos de botella que dilatan y complican la obtención de los permisos asociados a estas inversiones, en abril del año pasado el Ministerio de Minería conformó una mesa de trabajo con el objetivo de plantear también medidas concretas de solución y así acortar los plazos de tramitación.
“Con este enfoque, por ejemplo, no se necesitarían instancias como la oficina GPS, porque al ejecutar las medidas de este plan los procedimientos se volverán más expeditos”, explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, que lidera la iniciativa.
A este grupo fueron convocadas la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin) y la oficina GPS del Ministerio de Economía, que tiene la misión de destrabar proyectos de inversión específicos. Para tener la visión de la industria, sumaron a representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Consejo Minero y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).
En la mesa también participaron los jefes de 11 órganos de la administración del Estado que tramitan permisos relacionados con la minería. Entre ellos estuvieron los titulares de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que dependen del Ministerio de Obras Públicas (MOP); la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Conaf, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Servicio de Evaluación Ambiental.
Tras 23 sesiones de trabajo, en mayo recién pasado la denominada Mesa de Sustentabilidad entregó sus conclusiones. En diez puntos explican que los elevados tiempos de tramitación ambiental se originan por servicios que en sus pronunciamientos van más allá de sus competencias, que en varios casos están, además, duplicadas o superpuestas entre entidades, y que presentan disparidad de criterios entre su nivel central y las oficinas regionales.
El análisis arrojó también que hay una separación de funciones entre los evaluadores y fiscalizadores de proyectos y permisos, a lo que se suma falta de claridad en los requerimientos de las reparticiones, lo que de paso deja en evidencia la necesidad de modernizar los procesos de solicitud y aprobación de permisos sectoriales.
Otro factor que alarga innecesariamente la tramitación de los proyectos es la escasa regulación de las consultoras que elaboran la documentación y los estudios que las empresas presentan a evaluación. Además, se determinó que hay casos de duplicidad de las garantías que las empresas tienen que constituir para obtener los permisos de determinada infraestructura accesoria de las faenas.
La intención es que el próximo año la mayor parte de las medidas esté implementada
Las conclusiones de la mesa fueron la base para definir medidas que buscan acortar los extensos plazos de tramitación de las iniciativas mineras —que podrían reducirse a cuatro años —, mediante acciones que en su mayoría modifican aspectos de gestión de los servicios públicos que entregan los permisos. Esto significa que implementar el plan es una tarea sencilla y de bajo costo —comparado con el aporte al fisco que las operaciones mineras puedan realizar cuando estén en operación—, características que fueron muy bien recibidas en La Moneda, comenta Terrazas.
“La gran mayoría de los cuellos de botella que alargan la tramitación de los proyectos mineros no se producen porque la ley o la regulación específica sean malas, sino porque la gestión de los servicios no es la adecuada”, apunta el subsecretario.
La propuesta considera 48 modificaciones, de las cuales 36 corresponden a aspectos de gestión. Entre ellos figura la contratación de personal adicional en servicios como Conaf, la DGA, la DOH, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Conadi. En esta última repartición, por ejemplo, existen solo tres funcionarios encargados de la tramitación de proyectos de alta complejidad, categoría en la que caben las iniciativas mineras.
La elaboración de guías para orientar respecto de cómo y dónde pedir un permiso y toda la información que las empresas tienen que adjuntar.
La firma de convenios para delimitar los ámbitos de evaluación o fiscalización de aquellas reparticiones donde se detectaron superposiciones o duplicación de competencias, como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Sernageomin, SAG y Conadi.
La optimización de procedimientos internos para ordenar la ruta de los permisos. Acá se considera también la implementación de sistemas informáticos y la digitalización de algunos de estos trámites.
El presupuesto de este paquete de medidas es de $690 millones, divididos en dos ítems: $320 millones corresponden a acciones que se ejecutarán una sola vez, como la elaboración de las guías o la implementación de herramientas informáticas, mientras que ya en régimen se requerirán los $370 millones restantes anuales.
Los ajustes incluyen cambios en seis reglamentos —entre ellos el cierre de faenas mineras, de manejo de residuos peligrosos, de concesiones marítimas y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental—, y la modificación de las leyes de Cierre de faenas e instalaciones mineras; el Código Sanitario, el Código de Aguas, la que fija materias que requieren autorización sanitaria expresa (DFL1/2005), de bases generales del medio ambiente, y el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
“Las modificaciones legales pueden ser las más complejas y no necesariamente son las que más pueden aportar a la reducción de los plazos de tramitación. En ese caso, la técnica puede ser presentar indicaciones, ir con un proyecto totalmente separado o incluirlas en el nuevo proyecto de ley misceláneo que impulsará el Ministerio de Economía. Antes de eso, lo lógico es que el Ejecutivo comience por mejorar la gestión, que es donde no requiere la intervención de otros poderes y donde está la mayoría de las soluciones”, apunta el subsecretario de Minería.
La intención del Gobierno es que las modificaciones de gestión puedan estar implementadas durante el próximo año, una vez que los recursos que se requieren sean incorporados en las partidas de presupuesto de los servicios.
La propuesta considera 48 modificaciones, de las cuales 36 corresponden a aspectos de gestión.
