De acuerdo con la autoridad, un proyecto que ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental se va a evaluar “con el más alto nivel técnico, en un tiempo oportuno y con reglas claras”. Así lo manifestó en una presentación a socios de Voces Mineras.
En el marco de un encuentro organizado por la asociación gremial Voces Mineras, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, destacó el rol estratégico del organismo y planteó que estamos ante un cambio de paradigma del sistema que evalúa ambientalmente los proyectos. Este, dijo, implica volver al objetivo para el cual fue creado, que es velar por que se cumpla la ley ambiental a través de un proceso eficiente, oportuno y eficaz.
El ejecutivo hizo ver que existe consenso en que “algo no está funcionando, cuando vemos que hay proyectos que se tramitan durante tres o cuatro años y que, más allá de la evaluación técnica, existe otro tipo de elementos que se toman en consideración”. Asimismo, observó que a lo largo del tiempo, a través de normas y requerimientos nuevos, el sistema se hizo mucho más complejo.
Ante ello, expuso la necesidad de que los distintos organismos de administración del Estado con competencia ambiental puedan trabajar coordinadamente y pronunciarse en un único acto, bajo el liderazgo y la rectoría técnica del SEA. Además, precisó que el sistema de evaluación es de carácter preventivo, “que busca que el titular de un proyecto determinado, que genera ciertas externalidades, pueda hacerse cargo de estas, pero no de cualquier tipo de impacto, sino de aquellos que son de interés ambiental”. Es decir, impactos respecto del agua, aire, flora o fauna, principalmente.
En esa línea, Farías cuestionó que se pida levantar información cuando un proyecto no genera algún tipo de interacción y que se instale la idea de que con más antecedentes es mejor. “Ha ido aumentando la cantidad de observaciones e información que los proyectos tienen que incorporar, aumentando la falta de certeza acerca de si el proyecto será viable o no”, criticó.
En relación con los plazos de la evaluación, informó que en 10 años pasaron de 295 a 499 días para Declaraciones de Impacto Ambiental, y desde 731 hasta 1.124 días para Estudios de Impacto Ambiental, es decir hasta tres años. Y si se judicializan, la demora puede llegar incluso hasta diez años, tras lo cual la medida ambiental aplicada a un proyecto podría haber dejado de ser idónea.
El director ejecutivo del SEA recalcó que la evaluación debe ser oportuna, para lo cual se han puesto la meta de reducir los plazos en un 30%, para las solicitudes ingresadas durante la actual administración. “Ser más ágiles no significa que vamos a dejar de evaluar, al revés, lo que vamos a hacer es evaluar mejor”, expresó.
De acuerdo con la autoridad, el sistema fue creado para concentrar las atribuciones del Estado en un único procedimiento reglado, para otorgar una autorización ambiental y dar certeza jurídica. Puntualizó que las reglas deben ser conocidas desde el inicio hasta el final del proceso, y no se deben pedir requerimientos nuevos en la mitad de un proyecto.
“Lo importante es entregar la confianza de que un proyecto que ingresa se va a evaluar con el más alto nivel técnico, en un tiempo oportuno y con reglas claras”, recalcó Farías.
Avances
Según explicó el director ejecutivo del SEA, el cambio de paradigma definido está rindiendo positivos resultados: “En 150 días hemos calificado la mayor cantidad de inversiones en la historia del sistema (desde 1992). En menos de 80 días resolvimos todos los recursos de reclamación, sin bajar los estándares técnicos. Al 15 de septiembre superamos el máximo histórico calificado en un año”, destacó.
De acuerdo con su presentación, en poco más de seis meses de gobierno (al 21 de septiembre) han aprobado ambientalmente proyectos por más de US$35 mil millones, cerca del triple de la suma aprobada en igual periodo de las administraciones anteriores.
Asimismo, Farías valoró el avance en el desarrollo de estrategias con los equipos regionales del Servicio, para mejorar la gestión y generar un proceso con metas más claras y medibles. “Tenemos muchos proyectos que se han evaluado con una adenda; las adendas deben ser la excepción y no la norma”, planteó.
Respecto del Comité de Ministros, expuso que en menos de seis meses han sesionado en 10 ocasiones y revisado 26 proyectos, que suman inversiones equivalentes a US$17.740 millones. Comentó que la gran diferencia ahora es que el Servicio, que opera como la secretaría técnica del Comité, acude con una propuesta de carácter técnico, para evitar que la deliberación se haga sobre aspectos de conveniencia. “Como vamos con una propuesta técnica, la resolución del Comité de Ministros ya no demora seis meses o un año, sino 15 días”, enfatizó, asegurando que todo lo que han resuelto lo han hecho manteniendo altos estándares.
Otra medida que implementaron es la revisión de guías y criterios, detectando que muchas guías no cumplen el objetivo de ser un instrumento orientador y no regulador, o no están focalizadas en el objeto de protección. “No tenemos pensado sacar nuevas guías, sí hacer mejoras a algunas existentes y eliminar algunas”, precisó.
Consultas
En la etapa de consultas de los asistentes, se le preguntó al director ejecutivo del SEA sobre la posibilidad de eliminar el Comité de Ministros, ante el cual se presentan las reclamaciones. Farías respondió que no hay una decisión al respecto y que en el Congreso está la discusión sobre si debe haber o no un ente colegiado para estos fines.
También se le consultó sobre cómo enfrentar el aumento de los recursos judiciales que paralizan proyectos con resolución de calificación ambiental, ante lo cual argumentó que lo importante es anticiparse a la judicialización. “Una gran tarea del Servicio es mostrar, a través de un análisis técnico, que un proyecto se ajusta a la norma ambiental. Hay que transmitir confianza respecto de que la resolución de calificación ambiental es una licencia ambiental seria. Y, por lo tanto, los organismos del Estado no deberían cuestionarla”, señaló. A ello agregó la importancia de que no existan estímulos económicos que incentiven la judicialización.
Consultado sobre el uso de información levantada por los proyectos, el director ejecutivo del SEA opinó que las líneas de base debieran ser públicas y estar disponibles para los usuarios del sistema.
