La socia de Voces Mineras sostiene que las modificaciones al régimen de evaluación ambiental deberían traducirse en la reducción de los tiempos de tramitación y en un mejor ordenamiento del trabajo de los servicios públicos.
Especialista en Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, la ingeniera civil en minas Juanita Galaz destaca que los cambios al sistema regulatorio apuntan tanto a simplificar como a reducir los permisos, y que, con un régimen más ágil, el desafío para las empresas es mejorar en la calidad de los antecedentes presentados, de manera de aminorar las observaciones y sanciones, o la posibilidad de una judicialización.
Además, la socia de Voces Mineras considera positivo que aumente el umbral de ingreso para proyectos mineros en la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), porque permite que la entidad evaluadora se concentre en los proyectos que generan impactos ambientales significativos y evita que los de menor escala enfrenten cargas similares a las de la gran minería.
– ¿Qué cambios al sistema regulatorio de permisos destaca como los más relevantes para la inversión minera?
– Los cambios al sistema regulatorio involucran tanto la simplificación como la reducción de permisos. Los más relevantes para la inversión minera son los relacionados con la simplificación de permisos ambientales y sectoriales, lo que ha sido abordado con modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
En el primer caso, los ajustes propuestos al Reglamento del SEIA permiten unificar criterios de ingreso, acotar plazos de tramitación y simplificar los recursos de reclamación. Por su parte, la Ley Marco establece un nuevo estándar para reducir la burocracia y los tiempos de tramitación administrativa de los permisos sectoriales.
Respecto de la Ley Marco, destaco las denominadas “técnicas habilitantes alternativas”, como mecanismo para simplificar el régimen de permisos sectoriales. A través de ellas, en lugar de que un proyecto tenga que esperar la revisión de antecedentes para obtener una determinada autorización, el titular podría acreditar o comunicar, ya sea mediante un aviso a la autoridad competente o con una declaración jurada, el cumplimiento de las condiciones regulatorias para quedar habilitado para actuar.
De esta manera, la relevancia de la Ley Marco radica en su orientación hacia una regulación proporcional al riesgo. De hecho, señala que la habilitación de proyectos o actividades se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas cuando la protección del objeto cautelado sea suficiente con la legislación sectorial.
Cabe señalar que las técnicas habilitantes no significan ausencia de regulación ni de fiscalización. El aviso y la declaración jurada producen efectos desde el día siguiente a su presentación, pero el proyecto queda sujeto a fiscalización posterior por el organismo competente. De esta manera, si se constata incumplimiento o presentación de información falsa, puede revocarse la habilitación y aplicarse responsabilidades y sanciones.
– ¿Qué impacto deberían tener estos cambios en la agilización de trámites y en la eficiencia del sistema de evaluación?
– Estos cambios deberían tener un impacto importante en la reducción de los tiempos de tramitación y en un mejor ordenamiento del trabajo de los servicios públicos. Por ejemplo, la Ley Marco establece que las autorizaciones sectoriales puedan tramitarse en paralelo, salvo las excepciones que establezca la legislación sectorial. Este hecho, junto con plazos más claros y una ventanilla digital, puede significar una mayor trazabilidad y evitar que los proyectos queden detenidos por procesos fragmentados.
Por otra parte, las técnicas habilitantes para permisos de menor riesgo permitirían concentrar los esfuerzos en los aspectos verdaderamente críticos. En este sentido, el sistema podría avanzar hacia una evaluación más rápida, transparente y útil para la toma de decisiones, ya que el aviso y la declaración jurada eliminarían, para las actividades en que sean aplicables, la necesidad de esperar que el organismo dicte un acto administrativo favorable.
– ¿Qué desafíos siguen pendientes para las compañías y proyectos mineros en materia de permisos?
– Aunque la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es un avance significativo, todavía quedan desafíos relevantes. Uno de los principales está en el SEIA y en los Permisos Ambientales Sectoriales, que siguen siendo un punto crítico para muchos proyectos. También será fundamental que los servicios públicos cuenten con más recursos para que potencien sus capacidades técnicas, y criterios claros para cumplir los nuevos plazos. Con un sistema más ágil, el desafío para las empresas es mejorar en la calidad de los antecedentes presentados para minimizar las observaciones y sanciones, o casos de judicialización.
– ¿Qué implicancias tiene la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, que busca simplificar autorizaciones y técnicas habilitantes?
– De acuerdo con lo señalado por el subdirector de Minería del Sernageomin, se trata de una modificación relevante, porque permite reducir la fragmentación administrativa y concentrar la revisión del Estado en los aspectos de mayor riesgo. Al simplificar autorizaciones y abrir espacio a técnicas habilitantes alternativas, se pueden reducir tiempos muertos y permitir que el Servicio enfoque mejor su labor de fiscalización.
Es importante destacar que con la modificación no disminuyen los estándares de seguridad. Al contrario, las empresas asumen una mayor responsabilidad técnica y legal, especialmente cuando operan mediante declaraciones juradas. Para la mediana y pequeña minería, este cambio puede ser especialmente valioso, porque disminuye costos y barreras de entrada.
– En el caso de la modificación al Reglamento del SEIA para proyectos mineros, ¿cómo ve el aumento del umbral de ingreso y la exclusión de ciertas iniciativas de reprocesamiento y valorización de residuos?
– El aumento del umbral de ingreso se considera positivo, porque ayuda a que el SEIA se concentre en los proyectos que realmente generan impactos ambientales significativos, ya sean proyectos de explotación y procesamiento de minerales, como de exploración. Aumentar el umbral de ingreso evita que los proyectos de menor escala enfrenten cargas similares a las de la gran minería, pero sin dejar de estar sujetos a permisos y fiscalización sectorial.
Por otra parte, permitir ciertas iniciativas de reprocesamiento y valorización de residuos en faenas que ya cuentan con RCA favorable, puede impulsar la minería secundaria, a la vez que descongestiona el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si una actividad permite recuperar valor desde residuos, aprovechando infraestructura existente y bajo determinadas condiciones, imponerle una nueva evaluación ambiental es un desincentivo regulatorio, contrario a los objetivos de la valorización y economía circular.
En resumen, tanto la actualización del umbral de capacidad de extracción y procesamiento de minerales, como la exclusión condicionada de determinadas iniciativas de reprocesamiento de residuos masivos mineros, responden a la misma lógica regulatoria de focalizar la evaluación ambiental en las actividades y proyectos que presentan mayor susceptibilidad de impacto ambiental, manteniendo para las restantes la aplicación de la normativa sectorial correspondiente.